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El 2022 estuvo marcado por la inestabilidad política evidenciada con el nombramiento, en lo que va del Gobierno, de cuatro ministros de Educación.
La incertidumbre en las instituciones de educación superior; la deserción estudiantil -por encima del 35%- producto de la pandemia y el crecimiento de la pobreza; la sobrerregulación y falta de predictibilidad en los procesos que se siguen ante las autoridades educativas; la grave afectación a la educación superior tecnológica producida por el Decreto de Urgencia 017-2020, que durante dos años y medio suspendió las solicitudes de licenciamiento para autorizar a institutos y escuelas de educación superior a ofertar nuevas carreras y modalidades de enseñanza, han inclinado la báscula hacia un resultado desfavorable.
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El 2022, sin embargo, concluyó con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional declarando la constitucionalidad de la Ley 31520, que modificó la Ley Universitaria, se zanjó la controversia generada al interior del sistema universitario.
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(Foto: USI)
Con el acelerado crecimiento de la educación virtual y reconocidas sus bondades por estudiantes y docentes, creemos que este 2023 será un año de consolidación de las carreras universitarias y tecnológicas mediante entornos virtuales, sobre todo bajo modalidades semipresenciales.
De alguna manera la Sunedu, invocando el saludable concepto de simplificación administrativa, ha marcado la pauta al emitir el pasado 16 de diciembre la Resolución 138, que permite que las universidades puedan ofrecer carreras semipresenciales o a distancia con la sola comunicación previa. Animamos al Minedu a que emita una disposición similar para los institutos y escuelas de educación superior.
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Desde el nacimiento de Fipes y Asiste Perú hemos impulsado acercamientos con las autoridades del sector. Ello construye confianza para compartir espacios y mesas de trabajo que prioricen los principales retos de nuestra educación superior dirigidos a mejorar el marco regulatorio, actualizar el régimen académico y la enseñanza virtual, promulgar la norma central para reorganizar y fortalecer al Sineace y establecer procesos administrativos claros, ágiles y predecibles.
