Sería mucho pedir que el Congreso, al momento de elaborar sus iniciativas legislativas, haga un análisis serio y consistente del impacto que las leyes que impulsan tendrán en la economía. Es que ni siquiera consideran lo más básico: el modelo de negocio de las empresas a las que sus propuestas afectan. Esto ha quedado demostrado legislatura tras legislatura. Y nada indica que vaya a parar. Es más, según un informe que publicamos recientemente, hay al menos 10 proyectos que pondrían “en jaque” a las empresas (Gestión 09.08.24).
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Las iniciativas identificadas involucran a sectores como el financiero, aeronáutico, centros comerciales y alimentos y bebidas. La mayoría de las normas que están a la espera de ser debatidas se encuentran en la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) y un grupo menor en la Comisión de Transportes.
Por ejemplo, el proyecto que busca que los asistentes puedan llevar alimentos y bebidas para su consumo en eventos masivos, el que condiciona que las bebidas que se promocionan con la imagen de una fruta tengan al menos un 50% de pulpa de dicha fruta y el que busca que los consumidores puedan acceder a los servicios higiénicos en centros comerciales y supermercados de manera gratuita ignora tanto los costos en los que los negocios incurren (o incurrirían) y en ciertos casos, como el último, es algo que las empresas ya realizan por iniciativa propia.
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Este tipo de medidas legislativas reflejan una desconexión alarmante entre el Congreso y la realidad económica que tratan de regular. En lugar de fomentar un clima que incentive la inversión y el empleo, se están promoviendo normas que podrían incrementar el costo de hacer negocios en el país y desalentar la iniciativa empresarial.
Una muestra del impacto del desconocimiento del Parlamento es la ley que fijó topes a las tasas de interés de los créditos. En el 2022, se calculó que, por esta ley, aprobada en el 2020, un significativo número de clientes (220,000) quedaron fuera del sistema financiero formal. Nada sugiere que dicha dinámica haya cambiado. Los únicos “ganadores” de esta norma han sido los prestamistas informales.
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Ante lo evidente, la Comisión de Economía aprobó el dictamen de una ley que suspende por cinco años los topes (aunque lo correcto sería eliminarlos permanentemente). Esperamos que dicha iniciativa pase a ser debatida en el Pleno y sea aprobada y que las “municiones” contra la actividad empresarial que yacen en comisiones, queden en el olvido.
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