Solo por el aplauso

CONGRESO. Si bien ante la opinión pública existe un Parlamento enfrentado con el Ejecutivo, esta afirmación solo es válida si se analiza desde el punto de vista político, porque si se trata de temas económicos o de dictar medidas populistas que no evalúan el mediano y largo plazo y mucho menos analizan la viabilidad económica, ambos poderes actúan de igual manera, e incluso podría decirse que trabajan en pared.

Muestra de ello es la última autógrafa aprobada por el Parlamento que dispone el pago en favor de docentes activos, cesantes y contratados, de la bonificación por preparación de clases y otros beneficios. La aprobación de esta ley le generaría al Estado un costo fiscal de aproximadamente S/ 42,000 millones (4.4% del PBI previsto para el 2022), siendo que todo el presupuesto del sector educación de este año asciende a poco menos de S/ 39,000 millones.

Se entiende que la bancada de gobierno busque cumplir con una promesa de campaña, pero es de esperar que en el resto de las bancadas prime la cordura y se analice la viabilidad fiscal de los proyectos que aprueban, sobre todo cuando el Parlamento no tiene iniciativa de gasto.

Antes de cumplir el año, el actual Congreso ya ha dado varias medidas que implican un alto costo para el Estado, como la devolución de aportes del Fonavi, que también generará un gasto de más de 40,000 millones y tiene otras en cartera, como la de otorgarles a los trabajadores del régimen laboral CAS el derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS).

El Congreso no debería olvidar que los fondos que utiliza el Estado provienen de los contribuyentes (impuestos) y como tal son finitos y dependen del presupuesto nacional. Por ello la Constitución establece claramente que los congresistas no tienen iniciativa para generar gastos públicos, un punto que parecen olvidar.

Frente a esta autógrafa, el Consejo Fiscal ha recomendado al Gobierno que la observe por el alto costo que implica, pero es poco probable que Castillo escuche la recomendación. Sin embargo, ya es tiempo de que, desde los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio de Abogados, se planteen las demandas de inconstitucionalidad correspondientes para que sea el Tribunal Constitucional el que le recuerde al Congreso cuáles son los límites de su labor y así dejen de actuar solo buscando el aplauso.