Labor complicada

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. En innumerables ocasiones, desde estas líneas, hemos resaltado la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país y tener claro que si alguna entidad no funciona adecuadamente no necesariamente es un problema de la entidad como concepto, sino en varias ocasiones se debe a las personas que la integran. Por eso, el mayor esfuerzo debe estar en lograr que los mejores profesionales integren los equipos de trabajo en las diferentes entidades del Estado.

Esto cobra mayor sentido cuando se habla de una institución como el Tribunal Constitucional (TC), que es el intérprete final de la Constitución, y cuyos fallos pueden enmendar la plana a todos los poderes del Estado. En función a la importancia de esta entidad es que se criticaron las declaraciones del candidato Pedro Castillo cuando dijo que de ganar las elecciones desactivaría el TC, una idea que al parecer ya dejó de lado, aunque su bancada haya presentado un proyecto para modificar la forma de elección de sus miembros.

Sin embargo, este órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad está integrado por seres humanos y por ello es necesario velar porque sus miembros sean los más calificados, tanto profesional como éticamente, así como heterogéneos ideológicamente para asegurar la calidad de los fallos. En la historia del TC se han emitido diversas sentencias que han impactado en la vida del país y han tenido implicancias, tanto políticas como económicas, e incluso varias de ellas no han estado exentas de críticas o errores. Una de las últimas sentencias, la que validó el indulto humanitario para Alberto Fujimori, fue cuestionada por la CIDH al considerar que no había cumplido con las condiciones establecidas en la resolución de cumplimiento dictada por dicho organismo.

Ayer se presentó oficialmente a los nuevos magistrados que conformarán el TC luego de que los que venían ejerciendo tenían tres años de mandato vencido ante la imposibilidad de los Congresos, desde el 2018, de elegir a los nuevos integrantes. Es de esperar que el actual Parlamento haya eligido no solo a los mejores candidatos, sino que estos representen diferentes corrientes de opinión y traigan consigo las nuevas tendencias legales. No hacerlo va en contra de la representatividad que requiere esta institución y de la lucha que llevan adelante quienes apuestan por la equidad y los derechos de las minorías.

“Todo proceso de elección de integrantes de Altas Cortes debe basarse en los méritos, capacidad e integridad de sus aspirantes, para no poner en riesgo su independencia”, ha dicho el CIDH, y harían bien todos los parlamentarios en no olvidarlo.