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CHINA. Uno de los pocos grandes proyectos de inversión extranjera directa en el país es el megapuerto de Chancay. La obra, por US$ 1,315 millones, está a cargo de una subsidiaria de la estatal china COSCO Shipping. La construcción transcurría sin inconvenientes –o eso parecía– hasta que el pasado 16 de mayo el suelo se hundió en las cercanías y afectó viviendas, calles y un tramo de la Panamericana Norte. La causa habría sido la perforación del túnel de 1.8 km que evitará interrumpir el tránsito en la ciudad.
Lo ponemos en condicional porque se llevan a cabo varias investigaciones para determinar los motivos precisos del incidente. Realizan pesquisas la propia empresa y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que es la reguladora responsable y la que autorizó la obra, supuestamente luego de evaluar rigurosamente los estudios que proyectos de esta envergadura exigen –entre ellos, estudios de suelos, que en el caso de túneles, son más proclives a derrumbes–. Como sucede en casos mediáticos, el Congreso también se ha sumado a la ola investigadora, aunque el anuncio se hizo diez días después del hundimiento, demora que es inusual.
La APN está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya titular, Paola Lazarte, ha sido objeto de severas críticas por haber defenestrado a la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) por “pérdida de confianza”.
En el caso del puerto de Chancay y su túnel hundido, la ministra se ha limitado a declarar que está a la espera del informe pericial, con base en el cual se tomará las medidas “convenientes”. Habría que preguntarse, ¿convenientes para quién? Por ejemplo, no se sabe qué acciones se tomarán para salvaguardar a las familias afectadas y las que están en riesgo, más allá de las reparaciones que la empresa ha anunciado. ¿Quién se hará cargo de solucionar su problemática? ¿Serán reubicadas?
El Gobierno está necesitado de buenas noticias sobre inversión extranjera y parece no querer meterse en problemas con la proveniente de China: COSQO Shipping está bajo el ámbito de la Comisión para la Supervisión y Administración de Activos del Estado (SASAC), que pertenece al Consejo de Estado de China, lo mismo que China Southern Power Grid y China Yangtze Power, las que controlarían la distribución eléctrica en Lima Metropolitana.
Indecopi tendría que analizar el caso. Pero si ni siquiera considera imponer salvaguardas a las importaciones de textiles chinos, con la anuencia del Ministerio de la Producción –y la cautela del Mincetur–, no habría que esperar mucho.
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