Escribe: Eduardo Morón, Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
En el diseño de la reforma previsional el segmento más complejo de atender es aquel donde están los trabajadores que no son pobres, pero no son siempre parte del mercado laboral formal. Los más pobres son cubiertos por Pensión 65 y los de altos ingresos nunca fueron un problema. Pensando en ese grupo de trabajadores, hace mucho más de una década escuché a Santiago Levy, exministro de Hacienda mexicano, mencionar que el gran problema en los sistemas de seguridad social en América Latina era que teníamos la legislación correcta para una realidad laboral ajena. Nuestros países llenos de trabajadores fuera de planilla representan un reto para el modelo tradicional de pensiones de reparto y también para los esquemas de capitalización individual. Según Levy había que desanclar las pensiones del mercado laboral y más bien financiarlas con impuestos generales.
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En su lógica, los impuestos generales, que todos pagamos de alguna forma y medida, financiarían unas pensiones universales que servirían para que las personas de bajos ingresos no caigan en pobreza en tercera edad. Para personas de mayores ingresos esto sólo representaría un piso mínimo sobre el cual se añadirían contribuciones a sus fondos individuales que les permitirían acumular mayores pensiones.
En nuestro país, dentro de las opciones que se discuten en la reforma previsional se ha planteado la pensión por consumo. La lógica de este mecanismo es que todos gastamos y hoy es fácil identificar con el DNI quien hizo la transacción. Entonces, es aparentemente fácil derivar una parte de los impuestos pagados en esa transacción a un fondo de pensiones. Pero hay un doble problema que está exacerbado en personas de muy bajos ingresos. Ellos no sólo gastan mayoritariamente en bienes exonerados del IGV, sino que compran los bienes gravados en lugares informales donde no se registran las transacciones. Piensen en un ejemplo muy simple. No es lo mismo el desayuno que se compra en una cadena de cafés que en la carretilla que se adquiere cerca al paradero del colectivo.
Según un reciente estudio del Banco Mundial (Resurgir Fortalecidos, 2023, p.54) el 35% del gasto de personas de decil 1 ocurre bajo estas circunstancias. Pero, ellos tendrán acceso a Pensión 65 así que no debería ser un problema. Este porcentaje es cercano a 10% para el segundo decil y se reduce a menos de 5% desde el decil 8 en adelante. Personalmente, estas cifras me parecen un poco optimistas. Saque usted sus cuentas, ¿qué porcentaje de su gasto está afecto al IGV?
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En el dictamen que ha aprobado la Comisión de Economía se ha buscado evitar la regresividad de la medida limitando el monto de impuestos que el Estado dejará de cobrar y que irá a las cuentas previsionales. Se ha dispuesto que el tope anual de dicho aporte sea el 1% de 8 UIT es decir, 412 soles. Parece poco, pero haciendo cálculos conservadores (5% de rentabilidad real), si alguien aporta 45 años únicamente esos 412 soles, recibirá una pensión de 350 soles. Pero, lo que hay que tener en cuenta es que para hacer un aporte de esa magnitud estamos hablando de que al mes estoy gastando S/3,433 en bienes gravados con IGV. Esto es el doble del ingreso promedio de un peruano. Es decir, una persona que sólo gasta el ingreso promedio obtendrá una pensión de 175 soles si es que no hace ningún otro aporte a lo largo de su vida laboral.
Entonces debe quedar claro que incluso en esta versión moderada, se está siendo regresivo, porque estamos pidiéndole al Estado transferir más recursos a quienes más tienen. Mi sugerencia sería bajar ese tope a 4 UIT para que el beneficio esté pensado en quienes ganan el ingreso promedio nacional.
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