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Una hábil campaña publicitaria a favor del candidato presidencial Enrique Peña Nieto inundó las ondas mexicanas en la campaña electoral del 2012, pero pocos sospechaban quién supuestamente la había financiado: la gran empresa de la construcción brasileña Odebrecht, que ha reconocido su participación en la corrupción generalizada en Latinoamérica.
La fiscalía reveló el martes que el extitular de la petrolera estatal ha acusado a Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de darle instrucciones de pagar a consultores políticos extranjeros más de US$ 4 millones, provenientes de sobornos recibidos de Odebrecht.
En el 2012, los partidarios del actual presidente Andrés Manuel López Obrador —quien entonces realizaba su segundo intento infructuoso de llegar a la presidencia— acusaron a la campaña de Peña Nieto de emplear a una veintena de asesores extranjeros, entre sudamericanos, españoles y estadounidenses.
El Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto negó que esa gente trabajara para su campaña.
Pero Emilio Lozoya, el jefe de Pemex durante la presidencia de Peña Nieto que ha ofrecido colaborar con los investigadores a cambio de indulgencia en su propio caso de corrupción, ha dicho a los fiscales que cuenta con recibos, videos y otras pruebas documentales de los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de futuros contratos de obras públicas en México.
Lozoya fue extraditado desde España el mes pasado después de estar prófugo durante meses para evadir cargos de lavado de dinero.
El miércoles, López Obrador dijo que los fiscales deben difundir lo más que puedan acerca de la presunta corrupción sin perjudicar la investigación.
“Hay que proteger el debido proceso, pero también hay que ser lo más transparente posible”, dijo López Obrador. La vida pública debe ser cada día más pública.
Peña Nieto y Videgaray no hicieron declaraciones sobre las denuncias. En la actualidad, Videgaray es profesor en la facultad de empresa del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No respondió de inmediato a un pedido de declaraciones por email.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó en un mensaje videograbado que el exdirectivo de la petrolera mexicana presentó una denuncia en la que narró las supuestas órdenes del exmandatario y Videgaray.
Según lo denunciado por Lozoya, dijo Gertz, una vez que ganó la presidencia y entró al poder en el 2012, tanto Peña Nieto como Videgaray le ordenaron también hacer pagos millonarios a legisladores con el propósito de garantizar la aprobación en el Congreso de una serie de reformas al principio de su gobierno.
El fiscal refirió que como pruebas presentó a cuatro testigos, recibos y un video, por lo que la dependencia abrió una investigación.
Dijo que revisarán lo presentado y en su caso podrían citar a declarar a las personas involucradas.
“El que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo, que está presentando la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado”, refirió Gertz.
Ya en el gobierno, aseguró, le ordenaron pagar al menos 120 millones de pesos (más de US$ 5.3 millones al tipo de cambio actual) a un diputado y cinco senadores para que se garantizara el apoyo legislativo a varias reformas entre el 2013 y 2014.
Lozoya fue detenido en España y extraditado recientemente a México, donde se convirtió en el primer ex alto funcionario en quedar sujeto a un proceso penal por presuntamente recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, que está envuelta en una serie de escándalos similares en varios países latinoamericanos.
José Antonio Crespo, analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que detrás del anuncio del fiscal se ve una motivación política, porque se prefiere dar la información a la prensa y no reservarla para la investigación. Sin embargo, no duda de que sean reales los señalamientos.
Agregó que si se prueban, las autoridades deberían ir contra todos los involucrados. “Si queda todo en un uso político-mediático, no va a servir para nada”, comentó.
De prosperar el caso, sería un importante logró para el gobierno de López Obrador, quien recibió la presidencia de manos de Peña Nieto y llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción en el país.
Sin embargo, López Obrador también ha sido cuidadoso y ha dicho que no busca revanchas con expresidentes y en varias ocasiones ha afirmado que antes de perseguir a uno de ellos lo sometería a una consulta pública.
