
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publicó este jueves una norma definitiva que limitará el acceso a la asistencia federal para vivienda a las familias que tengan entre sus integrantes a personas indocumentadas. La decisión forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump para impedir que los extranjeros sin estatus legal accedan a beneficios públicos.
La disposición modifica la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que establece restricciones para acceder a programas de asistencia habitacional financiados por el Gobierno federal, en función de la ciudadanía y la situación migratoria de los solicitantes.
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Entre los principales cambios, la normativa establece que todos los solicitantes y beneficiarios de los programas comprendidos deberán acreditar su ciudadanía estadounidense o contar con un estatus migratorio que los habilite para recibir la ayuda. Este requisito se aplicará sin distinción de edad, por lo que también alcanzará a los menores de edad.

La medida también modifica las condiciones bajo las cuales los integrantes de una familia que sí cumplen los requisitos pueden recibir asistencia prorrateada para cubrir sus gastos de vivienda. Con la nueva disposición, este apoyo pasaría a tener carácter temporal, lo que podría dejar a numerosas familias sin el beneficio o llevarlas a considerar separarse para mantener la asistencia.
Cerca de 80,000 personas podrían verse afectadas
De acuerdo con estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities, citadas por el medio digital The Intercept, alrededor de 80,000 personas podrían resultar afectadas por el cambio, entre ellas casi 37,000 niños.
“El presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que los extranjeros ilegales y los no ciudadanos sin derecho a ello se aprovechan de los programas de asistencia social financiados por el gobierno”, declaró el secretario del HUD, Scott Turner, en una entrevista con Fox el martes pasado, al referirse a la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes.
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El funcionario también señaló que cerca de 200,000 inquilinos que reciben asistencia federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o cuyo estado era desconocido.
Con información de EFE.


