Alrededor de 6.3 millones de personas podrían perder el acceso a SNAP si prospera una propuesta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para restringir uno de los mecanismos de ingreso al programa. La estimación oficial corresponde al año fiscal 2029, cuando se prevé que el cambio alcance todos sus efectos, y plantea un escenario de incertidumbre para las familias que dependen de los cupones de alimentos mientras cubren la renta, los servicios y el cuidado infantil. Por ahora, sin embargo, el documento publicado este 10 de noviembre de 2026 no constituye una norma definitiva ni cancela automáticamente la asistencia que reciben los beneficiarios actuales.
La iniciativa busca limitar la elegibilidad categórica amplia, conocida como BBCE por sus siglas en inglés. Este mecanismo permite que las administraciones estatales utilicen determinados beneficios o servicios vinculados a la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) como vía de ingreso al programa nutricional.
Más de 6 millones de ciudadanos se quedarían sin los cupones de alimentos de SNAP (Foto: AP)
¿QUÉ PROPONE CAMBIAR EL USDA EN LOS REQUISITOS DE SNAP?
Actualmente, ciertos servicios no monetarios financiados por TANF pueden facilitar la incorporación a SNAP. Bajo las políticas de elegibilidad categórica amplia, los estados tienen margen para aplicar condiciones de ingresos y recursos distintas de los límites federales ordinarios.
El planteamiento eliminaría esa posibilidad, salvo cuando el apoyo recibido constituya asistencia de TANF conforme a una definición federal específica. También retiraría disposiciones que permiten utilizar esta vía por estar autorizado a recibir determinados beneficios, en lugar de obtenerlos efectivamente.
Eso no significa que desaparecería toda la elegibilidad categórica. La modificación se concentra en restringir qué prestaciones pueden concederla, preservando aquellas contempladas en la definición correspondiente, como pagos destinados a cubrir necesidades básicas continuas y ciertos servicios de apoyo.
El USDA sostiene que la medida permitiría ajustar el programa a los límites establecidos por ley. No obstante, su propio análisis reconoce una reducción de las ayudas y un aumento de algunas cargas administrativas estatales.
¿CUÁNTAS PERSONAS PODRÍAN PERDER LOS CUPONES DE ALIMENTOS?
Las proyecciones oficiales indican que 3.2 millones de hogares, integrados por 6.3 millones de personas, dejarían de recibir SNAP porque sus ingresos o recursos superarían los umbrales federales aplicables. El cálculo corresponde al año fiscal 2029, cuando se espera que la modificación alcance todos sus efectos.
| Indicador | Estimación del USDA |
|---|---|
| Hogares que dejarían de recibir SNAP en el año fiscal 2029 | 3.2 millones |
| Personas que perderían los beneficios durante ese periodo | 6.3 millones |
| Proporción de participantes afectados | 17.6% |
| Reducción del gasto federal en asistencia de SNAP, años fiscales 2027-2031 | $44,649 millones |
Estas cantidades representan escenarios previstos por el departamento, no bajas que ya se hayan producido como consecuencia de la iniciativa. Además, el ahorro señalado corresponde al gasto en prestaciones y no a un balance neto que reúna todos los costos administrativos.
El documento señala que 46 estados utilizaban la elegibilidad categórica amplia en diciembre de 2025. De ellos, 37 tenían límites de ingresos brutos superiores al estándar federal y 41 no aplicaban un tope de recursos bajo esas políticas.
¿QUÉ HOGARES PODRÍAN VERSE AFECTADOS?
El cambio alcanzaría a quienes actualmente acceden a SNAP mediante la flexibilidad estatal, pero no cumplirían las condiciones económicas ordinarias. Sus consecuencias dependerían de la composición familiar, las circunstancias financieras y el mecanismo utilizado para obtener cobertura.
Entre las situaciones que podrían requerir una revisión figuran:
- Familias trabajadoras: aquellas cuyos ingresos superan el límite federal ordinario, aunque califican bajo reglas estatales más flexibles.
- Hogares con ahorros: los que poseen recursos computables por encima del máximo permitido.
- Beneficiarios de servicios vinculados a TANF: quienes utilizan prestaciones que dejarían de conceder elegibilidad categórica.
No todos los solicitantes están sujetos a las mismas pruebas económicas. Según el documento, cuando no hay integrantes mayores o con discapacidades, normalmente se exige respetar un límite de ingresos brutos equivalente al 130% del nivel federal de pobreza y otro neto del 100%.
En cambio, las unidades familiares con una persona mayor o con discapacidad solo deben cumplir el umbral de ingresos netos, además de las demás condiciones aplicables. Por ello, sería incorrecto afirmar que todos los participantes tendrían que ajustarse a un único tope bruto para conservar la ayuda.
En todo Estados Unidos hay muchos comercios que aceptan los beneficios de SNAP para hacer compras (Foto: AFP)
LAS COMIDAS ESCOLARES TAMBIÉN PODRÍAN VERSE AFECTADAS
El alcance de la propuesta va más allá de las compras del supermercado. Participar en SNAP permite que numerosos niños sean certificados automáticamente para recibir comidas escolares gratuitas; si su hogar pierde esa cobertura, podrían dejar de acceder por esa vía, aunque continúen calificando por sus ingresos.
El USDA calcula que aproximadamente 1.78 millones de menores perderían la elegibilidad automática vinculada al programa. Sin embargo, estima que cerca del 97% conservaría el derecho a alimentación gratuita o a precio reducido mediante otro procedimiento.
| Situación prevista | Cantidad estimada de niños |
|---|---|
| Perderían la elegibilidad automática vinculada a SNAP | 1.78 millones |
| Seguirían recibiendo comidas gratuitas | 1.66 millones |
| Pasarían a la modalidad de precio reducido | 93,000 |
| Tendrían que pagar la tarifa completa | 28,000 |
Las cantidades están redondeadas. Las últimas tres filas describen la situación prevista de los menores incluidos en la primera, por lo que no deben sumarse como grupos adicionales.
Para las familias, la diferencia resulta importante: perder la certificación automática no equivale necesariamente a quedarse sin almuerzos gratuitos. Sin embargo, podría obligarlas a acreditar nuevamente sus condiciones económicas mediante un trámite distinto.
¿QUÉ PASARÍA CON SUMMER EBT Y WIC?
El análisis identifica posibles consecuencias para Summer EBT, la ayuda destinada a comprar alimentos durante las vacaciones escolares. Las autoridades calculan que unos 42,000 niños podrían dejar de recibirla a partir del verano de 2029.
Esa estimación incluye a aproximadamente 13,000 menores que seguirían cumpliendo los requisitos, pero que, según la proyección, no presentarían una solicitud. El obstáculo, en esos casos, no sería necesariamente económico, sino la falta del trámite requerido.
Otro programa relacionado es WIC, dirigido a mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños que reúnen determinadas condiciones. El documento reconoce posibles efectos sobre la vía de elegibilidad económica vinculada a SNAP.
Eso no significa que la pérdida de los cupones de alimentos cancele automáticamente dicha cobertura. Se trata de iniciativas distintas y cada hogar podría acreditar su situación mediante otro mecanismo.
¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR EL CAMBIO?
La publicación del 10 de noviembre de 2026 no establece una cancelación inmediata de beneficios. Antes de decidir los siguientes pasos del proceso regulatorio, el USDA abrió un periodo para recibir observaciones de ciudadanos, organizaciones y autoridades estatales.
Estas son las fechas principales:
- 10 de noviembre de 2026: publicación de la propuesta en el Registro Federal.
- 10 de diciembre de 2026: cierre anunciado del periodo de comentarios públicos.
- Año fiscal 2029: referencia utilizada para calcular sus efectos completos, no una fecha definitiva de entrada en vigor.
El documento incluye instrucciones para presentar comentarios mediante Regulations.gov y otras vías. También advierte que las aportaciones recibidas y la identidad de sus autores pueden hacerse públicas.
Por ahora, los 6.3 millones de personas mencionados en las estimaciones oficiales representan el impacto previsto si la iniciativa se concreta, no beneficiarios que ya hayan perdido asistencia por esta causa. Su alcance definitivo dependerá del proceso regulatorio y del texto que eventualmente se apruebe.
