La agresión rusa a Ucrania, caso complicado en la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene las manos atadas ante el “crimen de agresión” de Rusia a Ucrania porque ninguno de los dos países es un Estado miembro. Pero este tribunal sí podría juzgar por crímenes de guerra y lesa humanidad a los ucranianos prorrusos que participen en la invasión.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó su falta de jurisdicción sobre el crimen de agresión en este conflicto, y advirtió a “todas las partes que llevan a cabo hostilidades” que sí pueden ser procesados si cometen cualquier otro crimen internacional, y esto se debe a la complicada relación formal de Kiev con el Estatuto de Roma, el fundacional de la CPI.

La CPI tiene jurisdicción desde el 2002 sobre los “crímenes de guerra”, de “lesa humanidad” y de “genocidio”, pero también sobre el “crimen de agresión” (como es la invasión y ocupación militar), aunque este solo se activó en el 2018 y bajo condiciones más estrictas que los otros tres: no se aplica a actos de agresión cometidos en países que no han ratificado el Estatuto como Rusia y Ucrania.

Solo si Kiev ratifica ahora el estatuto constitutivo en esa versión enmendada del 2018, la CPI podría juzgar a los ucranianos prorusos sospechosos de una agresión. Para los agresores de nacionalidad rusa, Moscú tendría que también ratificar el Estatuto, lo que de momento no está en su agenda.

Por ello, los expertos presionan a Ucrania para que resuelva su relación con la CPI.

Desde Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Frederika Schweighoferova explicó que “las condiciones de la jurisdicción sobre el crimen de agresión no dejan ninguna esperanza a que Rusia pueda ser procesada bajo la CPI por este crimen” y señaló que “requiere lamentablemente que ambos Estados sean partes” del Estatuto.

“Incluso si Ucrania ratifica el Estatuto de Roma en la versión enmendada que incluye ese crimen de agresión, Rusia nunca lo haría”, añade.

Rusia firmó el estatuto en el 2000, pero nunca llegó a ratificarlo, y en el 2016 retiró su firma, un día después de que la CPI publicara un informe que consideraba, en un gesto simbólico, la anexión rusa de Crimea como una “ocupación”.

Tampoco es viable que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita la situación a la CPI: Moscú tiene derecho a veto y lo previsible es que lo use para evitar un juicio a sus oficiales. “Esto deja una agresión cometida por Rusia completamente fuera de la jurisdicción de la CPI”, analiza.

Otros crímenes

La CPI es un tribunal de último recurso, por lo que Kiev puede recurrir a sus propias leyes.

El código penal ucraniano penaliza ya el crimen de agresión sin distinción de la nacionalidad de los autores, pero esto “significa en la práctica que debe ser capaz de detener a los perpetradores rusos en la propia Ucrania o en otro Estado que los extradite, y eso es poco probable”, dice Schweighoferova, puesto que se responsabiliza al líder, y no a un simple soldado, por este crimen.

Antes de la activación del crimen de agresión en la CPI, Kiev hizo en el 2014 y 2015 dos declaraciones --que no la convierten en miembro-- en las que aceptó de forma parcial la jurisdicción de la CPI para “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero del 2014″.

La fiscalía de la CPI concluyó ese examen preliminar en diciembre del 2020, pero todavía no ha solicitado a los jueces la apertura de una investigación formal.

La Corte tendría así jurisdicción de facto sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que ocurran ahora en territorio ucraniano, incluidos Crimea y Donbas, más allá de las inmunidades de los presuntos perpetradores.

Pero organismos como el PGA y el Centro para las Libertades Civiles (CCL) piden al presidente Volodímir Zelenski enviar el expediente de ratificación al Parlamento ucraniano y firmar la ley correspondiente, para que Kiev pueda comprometerse de forma definitiva, subrayan, con “la prevención y el procesamiento de los crímenes internacionales más graves”.

Ucrania se comprometió a ratificar el Estatuto tras la firma en el 2014 del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) y ya enmendó su última Constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI desde el 2019, pero aún no ha tomado las medidas en este sentido por la “preocupación política de que esto desencadene descontento social” ante el “miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra”, señala Schweighoferova.

Estas preocupaciones, clarifica, no tienen fundamento porque Ucrania ya aceptó la jurisdicción de la CPI con las dos declaraciones, y “solo juzgará a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto”.