Los migrantes que esperan beneficiarse de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España piden información y están iniciando ya algunos trámites con bastante incertidumbre y expuestos a cierta desinformación, a la espera de que se abra formalmente el plazo para presentar las solicitudes.
El proyecto de ley que prevé conceder permiso de residencia y trabajo a unos 500,000 migrantes en situación irregular en España está ahora mismo en el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones, explican a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión y Migraciones, y la estimación es que se empiecen a aceptar las peticiones a principios de abril.
Aunque en el consulado de Argelia en la ciudad de Alicante (este) se han registrado largas filas de ciudadanos de ese país y también en el de Pakistán en Barcelona (noreste), en las legaciones de varios países latinoamericanos en Madrid por el momento no hay afluencia masiva de personas, según constató EFE.
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Los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular son unos 840,000, el 91% procedentes del continente americano, especialmente de Colombia, Perú y Honduras, según un reciente estudio del centro de análisis Funcas.
El certificado de antecedentes penales es uno de los documentos que será necesario para la regularización y que tramitan los consulados.
En la embajada de Colombia comentaron este viernes en un desayuno con periodistas que, en su caso, se puede pedir este certificado a través de internet o presencialmente, y que ya están viendo un incremento en las peticiones, mientras estiman que a la regularización se podrían acoger hasta un total de 290,000 colombianos.
A las puertas del consulado de Perú, varias personas que prefieren no ser identificadas trasladaron a EFE su preocupación sobre las futuras gestiones en las oficinas de extranjería, un departamento que califican de “colapsado” y tomado por intermediarios, con compraventa de citas previas a “entre 100 y 200 euros”.
Una fila de peruanos espera su turno en la puerta del consulado de Perú en Madrid. (Foto: Yolanda Vaccaro)
La incertidumbre alcanza también a quienes ya tienen expedientes de regularización en curso y dudan de si el nuevo decreto podría afectar a los tiempos de resolución de sus casos.
En la embajada peruana dicen a EFE que efectivamente se ha registrado un incremento en la demanda de información y de determinados trámites consulares por parte de ciudadanos peruanos.
En particular se ha observado un aumento en las solicitudes de certificados de antecedentes penales en las últimas semanas: en 2025 se tramitaron más de 18,000 documentos de este tipo, lo que supone un incremento de más del 55% respecto al año anterior.
Medidas como la ampliación de canales digitales para determinados trámites y la habilitación de jornadas extraordinarias para prestar servicios específicos han permitido mitigar la formación de filas presenciales y dar respuesta al volumen creciente de solicitudes.
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Mientras, en la embajada de México también han recibido consultas esporádicas y a personas interesadas en actualizar su documentación de cara al proceso de regularización, según confirman a EFE fuentes de la legación, que estiman que, del total de mexicanos en España, entre un 5-10% estaría en situación irregular.
Y desde la embajada argentina aclaran a EFE que, hasta que no esté publicado el decreto, no pueden saber el impacto que tendrá en materia de atención consular.
Oportunidad única
El plan del Gobierno español es que la solicitud pueda ser admitida a trámite en 15 días. A partir de entonces, la persona contará con una autorización provisional para trabajar y se suspenderán los procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que tenga pendientes.
Para quienes cumplan los requisitos -haber residido en España al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre y no tener antecedentes penales-, “es una oportunidad única”, dice a EFE el abogado Hamza Al Llabili, del bufete Elex Jurídico Abogados.
Los papeles necesarios “parece que no van a ser difíciles de conseguir”, aunque el periodo “tan breve” para la presentación de solicitudes -en principio hasta el 30 de junio, según la información ministerial- puede dejar fuera a potenciales beneficiarios, advierte.
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A su juicio, el principal problema puede ser el certificado de antecedentes penales, porque la legalización o apostilla del documento en algunos casos no se puede hacer por internet, ya que “muchos países siguen trabajando de manera manual, muy poco digitalizada”.
Al Llabili alerta, por otro lado, del peligro de que, en busca de abaratar los costes o “por la desesperación”, los migrantes recurran a “pseudoabogados”, locutorios o agencias de viajes para gestionar su regularización.
Junto a la incertidumbre, “hay mucha desinformación porque básicamente la regularización no está aprobada todavía”, reconoce el abogado, que advierte contra los bulos alimentados por ciertos grupos, sobre todo de ultraderecha, acerca de que quienes se regularicen van a poder votar u obtener la nacionalidad española o sobre un supuesto “efecto llamada” que atraerá a delincuentes.
