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Las autoridades de Estados Unidos practicarán pruebas de ADN a todos los inmigrantes que crucen su frontera desde México y que estén bajo su custodia, cuando entre en vigor una regulación próximamente, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), aunque no ofreció más detalles.
"Estamos buscando expandir la recolección de ADN a todos o casi todos los inmigrantes detenidos en Estados Unidos o que cruzan la frontera ilegalmente", dijo un alto funcionario de ese departamento en una llamada telefónica con periodistas.
De acuerdo al DHS, esta acción mejorará la capacidad de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) de identificar a los migrantes detenidos.
La regla, que está bajo revisión del Departamento de Justicia, permitiría al Gobierno adquirir información, que se almacenaría en la base de datos criminales del FBI, de personas que no han sido acusadas de ningún delito que no sea cruzar ilegalmente la frontera.
Los detalles sobre si algún inmigrante estaría exento de la regulación y cuándo se publicará la regla aún se están resolviendo, dijo un funcionario del DHS en esa llamada.
El anuncio de esta medida llega después de que ICE denunciara en abril que algunos migrantes estaban formando familias falsas para cruzar la frontera desde México a Estados Unidos para evitar su detención en territorio estadounidense.
En ese momento, el ICE indicó que estaba movilizando recursos y expertos hacia la frontera para "investigar el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados para aprovechar los vacíos legales en la migración de las familias".
Par hacer frente a esa situación, la Patrulla Fronteriza comenzó a tomar huellas dactilares de algunos adolescentes migrantes de 14 años o menos debido a la creciente preocupación por el fraude y el tráfico de menores, según han denunciado varias organizaciones.
En caso de entrar en vigor, la nueva normativa será probablemente recurrida ante la Justicia estadounidense por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que el Gobierno no debe recolectar información personal confidencial de personas que no hayan cometido un crimen.
Por su parte, el Ejecutivo de Trump defiende que el cruzar la frontera de manera ilegal es ya un crimen en sí mismo, por lo que estaría autorizado para hacer estas pruebas de ADN.
