Algunos migrantes fueron alojados temporalmente en mini celdas del tamaño de cabinas telefónicas en el ya clausurado centro de detención “Alligator Alcatraz”, en Florida, lo que se considera una práctica “sin precedentes” en Estados Unidos, según una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
El informe de la oficina del inspector general (OIG), una dependencia del DHS, concluyó que el centro de detención no cumplía las normas en varios aspectos.
La instalación, ubicada en los Everglades de Florida y operada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se convirtió en símbolo de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
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Fue clausurada en junio de este año en medio de disputas legales y polémicas por sus costos disparados.
El reporte fue publicado el viernes y elaborado tras una visita al centro en enero de 2026.
Según este, el centro de detención -cuyo nombre oficial era Florida Soft-Sided Facility (FSSF)- no cumplía los estándares en materia de salud y seguridad ambiental, atención médica, servicio de alimentos, higiene personal ni recreación, “lo que puede perjudicar la salud física y mental de los detenidos”.
Entre julio de 2025 y enero de 2026, 79 detenidos fueron confinados en pequeños recintos metálicos de unos 1.67 metros cuadrados de superficie, durante períodos que iban desde varios minutos hasta casi dos horas, según el documento.
El personal de la instalación describió estos recintos como “áreas de calma” para que los detenidos se tranquilizaran y tuvieran tiempo a solas, indicaba el informe.
“El uso de estas pequeñas celdas metálicas, sea cual sea el motivo, no tiene precedentes entre los centros de detención que ha inspeccionado la OIG y representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los detenidos”, señaló el informe.
“El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, agregó el reporte.
Antes de su clausura, “Alcatraz de los Caimanes”, como también era conocida, recibió críticas de abogados, familiares de detenidos y defensores de los derechos humanos, que acusaron al gobierno de mantener a migrantes indocumentados en condiciones duras y de negarles un debido proceso significativo.
