Proinversión aplaza adjudicación de proyectos por US$ 733 millones

Sin embargo, en seis de estos -que involucran una inversión estimada de US$ 750 millones (sin IGV)- se registraron cambios en las fechas estimadas para la declaratoria de interés respecto de las previstas en junio.

Se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales en Junín, gestión integral de residuos sólidos en establecimientos de salud del Ministerio de Salud en Lima Metropolitana, y cuatro proyectos de colegios en riesgo: Lima Metropolitana, Villa María del Triunfo, Ate-San Juan de Lurigancho y Comas - San Martín de Porres.

Cinco de estos ahora serían declarados de interés hacia el tercer trimestre del próximo año,y el proyecto de colegios en riesgo de Lima Metropolitana, que inicialmente se tenía previsto declarar de interés en el último trimestre de este año, se posterga para los primeros tres meses del 2023.

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Adjudicaciones

A este grupo se suman otros dos proyectos -por US$ 733 millones (sin IGV)- para los que se aplazó su fecha de adjudicación prevista: Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable en Lima y dos nuevos centros hospitalarios: Piura y Chimbote (Essalud).

En cuanto al proyecto para abastecer agua a Lima, estaba previsto se adjudique en el tercer trimestre del 2023, pero se pospuso hasta el cuarto trimestre del próximo año. En una reciente entrevista con Gestión, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua, señaló que se trabaja de la mano de Sedapal para evitar que se continúe aplazando dicho proyecto, y su despacho está a la espera de que la empresa de agua presente una propuesta al respecto en octubre. (Gestión 14.09.2022).

¿Qué hay detrás?

Para Camilo Carrillo, director ejecutivo del área de infraestructura de Ernst & Young (EY), las fechas se suelen posponer, entre otros motivos, por los sectores en los que se ejecuta el proyecto.

“Normalmente son los sectores quienes tienen que emitir opiniones para que el proceso avance. Proinversión hace su trabajo para impulsar el proyecto, pero tiene que consultarle al sector, que no es una entidad especializada y que termina opinando sobre una versión de contrato o un modelo financiero; eso ralentiza”, comentó a Gestión.

Caso contrario, dijo, sucede en el sector energía: “Es un sector ‘commodity’ para nosotros, ya todos saben cómo son los contratos, hay demanda, hay competencia. Es el único sector que ha sobrevivido, que el mercado se ha sabido acomodar a los cambios”.

Proyectos en el 2022

En lo que resta del año, hay seis proyectos en cartera. Dos de ellos están próximos a la firma del contrato (en el cuarto trimestre de este año): Enlace 200 KV Reque - Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas; y COAR Centro. Además, tres serían adjudicados: Línea de transmisión 500 KV Subestación Piura Nueva-Frontera en el tercer trimestre; y Enlace Ica-Poroma, ITC Enlace Cáclic-Jaén Norte, así como Planta tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, ambos en el cuarto trimestre.

En el portafolio de Proinversión, se contempla que el proyecto Anillo Vial Periférico sea declarado de interés en el último tramo de este año. A inicios de año se esperaba que este proyecto, nueve años después de haber sido encargado a ProInversión, viera la luz en el 2022.

“Ahora el promedio es menos de cuatro proyectos al año”

Camilo Carrillo comentó que en lo que va del año ProInversión adjudicó solo tres proyectos por casi US$ 80 millones: COAR Centro y dos proyectos eléctricos: : “Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” y “Subestación Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA y LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes”.

Así, refirió que desde el cambio del marco normativo de ProInversión (modificaciones al Decreto Legislativo N° 1012), en el 2014, se redujo -a su entender- la capacidad de decidir a la entidad, repartiendo dicha facultad a varios otros actores.

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“Desde el 2008 al 2014 se adjudicaban 14 proyectos al año. Ahora, el promedio es menos de cuatro proyectos al año. Antes eran US$ 3,500 millones al año, pero ahora es US$ 300 millones al año en el mejor de los casos”, indicó.

En este contexto, para Carrillo el foco debe estar en empoderar a ProInversión para que retorne el dinamismo. Agregó que el reciente reglamento publicado por el Poder Ejecutivo si bien ayuda, no empodera del todo a la institución. De hecho, enfatizó que desde el 2015 se vienen realizando cambios a la norma, pero “pequeñas modificaciones no harán que el proceso varíe”.

“(El reglamento nuevo) ayuda, pero no elimina que se haya reducido el liderazgo de Proinversión. Falta fortalecer a Proinversión, empoderarlo. No sé si esto se traduzca en una recuperación del sistema de APP”, expresó.