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En los últimos días se ha registrado una suerte de enfrentamiento entre la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Gestión informó a inicios de este mes que el organismo regulador, Sunass, advertía de riesgos en una reforma en la que se embarcaba el ministerio.
¿De qué se trata? Todas las preocupaciones parten tras los cambios que plantea la cartera al Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el marco de la delegación de facultades legislativas. Para Sunass, “esto se trata de una eventual injerencia política incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas de agua sin análisis técnicos”.
Tras este comunicado, el MVCS respondió: “(El ministerio) reafirma que, a través de la delegación de facultades, no pretende regular las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento, ni afectar la autonomía del organismo regulador, único responsable de la fijación de tarifas”, dijo el MVCS. Justamente la preocupación de Sunass es que el ministerio intervendría en la fijación de tarifas.
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De hecho, ayer la titular del MVCS, Hania Pérez de Cuéllar, acusó a Sunass de querer “manipular” sobre cambios vinculados a las tarifas de agua.
En medio de toda esta disputa, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) salió a respaldar al ministerio.
“La modificatoria del D.Leg. N° 1280, que impulsa el MVCS, cuenta con el respaldo del Otass, entidad a cargo de la administración temporal de 18 EPS en 11 regiones del país”, apuntó en un comunicado.
Así lo afirmó el director ejecutivo del organismo, Carlos Benites Saravia, quien enfatizó en la necesidad urgente de fortalecer a las empresas en todo el país, ya que estas enfrentan desafíos económico-financieros que impactan negativamente en la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
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Tras rechazar el comunicado emitido por la Sunass en relación con las modificaciones propuestas al Decreto Legislativo, Benites Saravia, señaló que las tarifas actuales, aprobadas por el regulador, no permiten a las EPS cubrir eficientemente los costos necesarios para ofrecer servicios efectivos ni cerrar las brechas de acceso para la población desatendida.
“Sin menoscabar la autonomía de Sunass y bajo la premisa de proteger el derecho al agua de todo peruano y de las empresas prestadoras a contar con recursos que les permitan ser sostenibles, recalcamos la importancia de establecer tarifas basadas en criterios técnicos estrictos para garantizar servicios de calidad tanto para la población actual como para aquellos sin acceso”, dijo Benites.
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EPS y el sector
Para el directivo de Otass, es necesario reconocer las limitaciones del modelo empresarial y regulatorio actual, a fin de implementar medidas que atiendan una demanda ciudadana largamente postergada, realizando los cambios normativos y organizacionales que sean necesarios.
Respecto a la “política de entregas económicas”, no es cierto que ésta afecte la función reguladora y de determinación de tarifas a cargo de la Sunass, consideró, ni mucho menos implica el reajuste de las mismas, pues su aplicación corresponde únicamente al ámbito de los gobiernos locales.
“Consideramos que las propuestas de modificación aportarán decisivamente a mejorar la eficiencia de los prestadores de servicios y del regulador para garantizar servicios de agua potable y saneamiento de calidad a precios justos”, anotó.
