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Para impulsar las obras en el país, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) ampliaría más su portafolio de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) con 26 nuevos encargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por un monto total cercano a los US$ 8,000 millones.
José Salardi, presidente ejecutivo de Proinversión, señaló que esto se espera concretar en las próximas semanas y “será un salto importante para su cartera de proyectos”. De lograrse, precisó que se sumarían al portafolio del periodo 2024-2026, en el cual se tiene previsto alcanzar casi los US$ 15,000 millones con 55 iniciativas.
“Hay una confianza renovada de los diferentes sectores para poder integrar proyectos en APP e ir por esta vía. La historia, esta vez, nos dice que la infraestructura que mejor se desarrolla y es sostenible han venido por este mecanismo”, comentó Salardi en un reciente evento.
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Entre los proyectos que aún no están en cartera se encuentran los terminales portuarios de Lambayeque, Pucallpa, Loreto. También, el tercer grupo de aeropuertos, en el que se incluye la operación y mantenimiento de Chinchero. Además, el tren de cercanías Lima-Ica, y corredores viales de diferentes regiones, como Tingo María, Puno, Cusco, Huaraz, entre otros.
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En conversación con Gestión, Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, consideró que se debe incluir con urgencia en la cartera de Proinversión el tercer grupo de aeropuertos, con Jaén, Jauja e Ilo, pero, principalmente, con la incorporación del Aeropuerto Internacional de Chinchero.
“Será de enorme atractivo para los operadores interesados. Casos como Jaén y Jauja, requieren de mejoras en la infraestructura y Chinchero está cerca de terminar su construcción en un año y medio (2025), por lo que sería ideal contar con un operador para ese momento”, expresó.
Refirió que el Ferrocarril Lima-Ica están a punto de aprobar los estudios de preinversion y debe pasar de inmediato a promoción para concesionar el diseño definitivo e iniciar en paralelo las actividades previas de adquisición de predios y liberación de interferencias.
Explicó que esa obra va a permitir romper la inercia de proyectos de transporte pesado e integrará las zonas productivas del sur chico con los puertos de Paracas y del Callao.
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En el caso de las carreteras, Estremadoyro indicó que hay tramos que pueden distraer más que aportar, por lo que su estructuración y promoción serían dificultosos.
“El MTC debería evaluar en base a la experiencia en el manejo de peajes a su cargo, pues varios de estos tramos podrían tener dificultades sociales para aceptar que se coloquen peajes (ya paso en la Carretera Central, en la Panamericana Norte, en la Interoceánica Sur, etcétera). Luego se debe ajustar la lista”, sugirió.
En los puertos propuestos, el experto sostuvo que el de Lambayeque depende de la carga minera, que aún no existe. Los terminales de Saramiriza y Pucallpa requieren de consolidar las hidrovías, que están paralizadas por temas sociales y solo quedaría Iquitos, que ha sido recientemente terminado por Empresa Nacional de Puertos (Enapu) y tiene más posibilidades de ser adjudicado.
Cuidado con los riesgos
Para Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de Proinversión, los proyectos de transportes en Ilo, Tacna, Ayacucho, y Apurímac son urgentes para la incorporación al portafolio. Citó al Proyecto Evitamiento Ilo, con una inversión de S/ 158 millones, que sería significativo por su potencial para mejorar la conectividad y el comercio regional.
“Dar prioridad a los proyectos autofinanciados presentan varias ventajas, especialmente, en contextos donde los recursos del Gobierno son limitados o hay restricciones presupuestarias. Con estos proyectos, se puede promover un desarrollo más sostenible y eficiente, al tiempo que conservan recursos para programas esenciales que requieren financiamiento público”, dijo.
Correa comentó que la crisis política y la criminalidad son factores que no se pueden ignorar al momento de impulsar los nuevos proyectos. “La estabilidad política y un clima de seguridad son fundamentales para atraer inversiones. Sin embargo, el compromiso del Gobierno y de las autoridades competentes para superar estos desafíos y promover un ambiente de inversión seguro y estable puede mitigar estos riesgos”, puntualizó Correa.
¿Qué otros proyectos deben incluirse?
Según Estremadoyro, otros proyectos que deberían ser encargados a Proinversión es el Ferrocarril Marcona–Andahuaylas, que está cerca de terminar los estudios de preinversión y es una prioridad para atender la zona productora del centro del país y facilitar las exportaciones que generaran divisas al Perú.
Aunque arrastramos la brecha de infraestructura por largos años, el exfuncionario manifestó que para salir de esa situación se requieren: “financiamiento y reglas claras”. Además, usar sistemas de contratación internacionales en vez de la limitada Ley de Contrataciones.
En cuanto al financiamiento, el especialista remarcó que se deben explorar otras opciones a la colocación de bonos y las APP, que las hay en el mercado internacional, usando fondos ociosos que se colocan a menores tasas.
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Proyectos no deben seguir paralizados
Estremadoyro indicó que mucha de la inversión está paralizada por no contar con una legislación con la fuerza de imponer reglas técnicas adecuadas y eso permite recursos leguleyos creados para otro tipo de controversias y la intervención de actores que, al no conocer los temas, dilatan la solución.
Detalló que la magia de los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) usa normativas fuera de la engorrosa e imperfecta ley de contrataciones, como el FIDIC (International Federation of Consulting Engineers), NEC (New engineering contract), entre otros.
“Estos contienen en sí mismos todo el procedimiento de solución de controversias y cierran la posibilidad de que intervengan otros actores, hasta que se culmine la obra. Como dicen los abogados son contratos hechos por ingenieros para obras de ingeniería”, acotó.
Señaló que la ventaja de un G2G es que dichos sistemas los usan Gobiernos que ya conocen bien su manejo y la idea sería que aprendamos su uso y lo hagamos directamente con PMO nacionales. Puso como ejemplo que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) incorpora estos sistemas como posibilidad para agilizar sus contratos con o sin G2G
Otro de los problemas -argumentó- es que se mira a los proyectos como islas y no se evalúa el verdadero impacto, sobre todo en megaobras sobre el entorno urbano, vial, social, etcétera, que requiere de una intervención multisectorial.
“Cito al puerto de Chancay por no desarrollar, por ejemplo, el Parque de Ancón y temas viales de soporte o temas sociales de colegios, hospitales, agua para toda la población que se moverá a la zona. También las ampliaciones de los muelles norte y sur del Callao y no estar trabajando nada en el tema vial para llegar y salir de los muelles”, aseveró.
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Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.