En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca dar más oportunidades de empleo a los jóvenes, aunque la medida que se propone podría afectar la calidad de los trabajadores que accedan a un puesto de trabajo, advirtieron analistas.
La Comisión de Trabajo aprobó un dictamen, el cual busca que en un proceso de selección de personal, se reconozca cualquier experiencia laboral obtenida por el postulante en un trabajo realizado en un entidad del Estado, antes de su egreso de una carrera universitaria o técnica e incluso antes de realizar sus prácticas preprofesionales o profesionales.
“El trabajo que realicen los estudiantes de nivel superior, antes de la formación académica universitaria y técnica, será considerado como ‘experiencia general no profesional’ para el desempeño en la actividad pública o privada”, señala uno de los artículos del dictamen aprobado el pasado 11 de junio en la citada comisión, el cual fue elaborado en base al proyecto de ley N° 6692/2023-CR, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre).
El dictamen ahora deberá ser visto en el Pleno del Congreso en la próxima legislatura que iniciará en agosto.
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Cabe recordar que desde el 2022, vía la ley Nº 31396, se reconoce como experiencia laboral a las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales, realizadas en entidades públicas y privadas, en las convocatorias laborales tanto del sector público y privado.
“Pero ahora se quiere dar un paso más allá y que se reconozca cualquier experiencia laboral, incluso antes de ser practicante y así el trabajo no esté relacionada al cargo”, criticó la abogada laboralista Gloria del Carmen Rodríguez, quien ha sido jefa de recursos humanos en varias entidades del Estado.
La medida abre la puerta para que acceda a un empleo alguien que no tenga ninguna experiencia relacionada al puesto al que postula. “Podría tener experiencia solo como secretaria y poder luego ser contratada como abogada. Eso no tendría sentido”, subrayó Rodríguez.
Asimismo, otro artículo del dictamen señala que solo se podrá acreditar como ‘experiencia general no profesional’ la obtenida al laborar en el sector público, pero no en el sector privado. Esto se debería a que en el Estado hay una mayor correlación entre el nombre de los puestos y la labor efectivamente realizada, indicó Gloria del Carmen Rodríguez. “La medida podría beneficiar a quienes tienen labores en el Estado como secretarias, técnicos administrativos, asistentes de secretaría, entre otros”, anotó.
Si bien el proyecto está enfocado sobre todo en las convocatorias que se realizan en el sector público, tal como ha quedado redactado el dictamen también abre la posibilidad de su aplicación en las convocatorias del sector privado, subrayó Rodríguez.
“Si se llega a convertir en ley, las empresas privadas deberán tener cuidado en aplicar el nuevo criterio en sus procesos de selección, ya que un postulante que no fue tomado en cuenta, podría acusar a la empresa de discriminación, y podría ser multada por Sunafil”, remarcó.
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En el caso de las convocatorias laborales en el sector público, suelen incluirse dos categorías de experiencia profesional: la experiencia general, la cual está relacionada a cualquier ámbito de desarrollo de la profesión del postulante; y la experiencia específica, para la cual se requiere que el profesional se haya desempeñado en funciones similares o directamente relacionadas al cargo al que postula.
“Ahora se está proponiendo crear una tercera categoría, la experiencia laboral no profesional. Servir tendría que cambiar los perfiles de las convocatorias laborales para incorporar esta nueva categoría”, refirió Rodríguez.
Por su parte Brian Ávalos, abogado laboralista del Estudio Payet, también se mostró contrario a la iniciativa legislativa, ya que genera el riesgo de que se contraten a personas que no están capacitadas para el puesto.
“En el sector privado, contratar mal solo afecta al accionista y a los trabajadores de la empresa, si esta quiebra; pero en el Estado, si baja la calidad del funcionario público, nos afectamos todos”, remarcó.
Asimismo, Ávalos sostuvo que será importante que Servir se pronuncie sobre la propuesta, al ser el organismo especializado en la materia, y emita una opinión técnica sobre el impacto que tendría la medida.
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Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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