:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GXALAQHWHBG5VDWTUIE7K7RS5Q.jpg)
El Pleno del Congreso aprobó el último viernes un proyecto de ley (N° 159/2021-CR) que busca reconocer las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral, en las instituciones públicas y privadas.
Tal como su título lo indica, establece que las prácticas preprofesionales y profesionales de estudiantes o egresados de educación superior universitaria y no universitaria sean reconocidas como experiencia laboral para el desempeño en la actividad pública y privada.
No obstante, el efecto de estas medidas sería limitado y solo hacia el sector público. En el proceso de debate de la norma, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) envió sus comentarios y señaló que la propuesta resulta innecesaria, pues existe libertad para establecer perfiles, lo que incluye la experiencia laboral requerida.
En ello coincidió Ana Roque, abogada laboralista en Atalla Legal, quien refirió que las empresas privadas seguirán desarrollando sus convocatorias laborales sin mayor cambio.
En el caso de las contrataciones en el sector público sí podría haber algún efecto. La actual normativa que regula las modalidades formativas en el sector público, el Decreto Legislativo 1401, señala que se puede reconocer como experiencia laboral para las convocatorias de empleo en el sector público hasta un año de prácticas preprofesionales (del periodo máximo de dos años de prácticas profesionales).
Con el proyecto aprobado por el Congreso este periodo de reconocimiento se amplía hasta los dos años.
Asimismo, actualmente el periodo máximo de prácticas profesionales en el sector público es de 12 meses, periodo que sí se reconoce como experiencia profesional. La iniciativa legislativa amplía hasta 24 meses el periodo máximo de prácticas profesionales y con ello también se extiende el tiempo de reconocimiento como experiencia profesional.
Si bien esto podría ayudar en las postulaciones a puestos en el sector público, Roque recuerda que las convocatorias incluyen otros requisitos, además de la experiencia laboral, por lo que igual será difícil el acceso.
“Se conoce que en el Estado muchas de las convocatorias tienen perfiles pensados en determinada persona, con requisitos imposibles de cumplir para muchos. Ese tema debería regularse mejor si se busca ayudar a los jóvenes”, subrayó.
Asimismo, refirió que otra normativa pendiente es el hacer cumplir el plan de aprendizaje para los practicantes, obligación que se dejó sin efecto hace unos años.
“Se debe buscar que el plan de aprendizaje se cumpla de verdad, pues muchas veces el joven es contratado para sacar copias o hacer actividades distintas a su profesión”, anotó.
Por otro lado, el proyecto recién aprobado también dispone que los egresados entre el 2019 y 2022 puedan acreditar sus prácticas profesionales hasta 24 meses después del levantamiento del estado de emergencia por el COVID-19 (actualmente solo pueden desarrollarse hasta 12 meses después egresar).
La autógrafa de ley pasará a manos del Ejecutivo, el cual tendrá un plazo de 15 días para promulgar u observar la norma.
