Ocho de cada 10 inspecciones laborales en pandemia son por denuncias de trabajadores

En opinión del laboralista Brian Ávalos hasta junio del 2020, el 85% de las fiscalizaciones laborales han sido producto de denuncia mientras que apenas el 15% de operativos que demanda la iniciativa de la Sunafil, lo que en opinión del especialista muestra una asimetría del accionar de la autoridad laboral ya que está debería ser proporcional.

“La actividad de la Sunafil no debería estar sujeta únicamente a las denuncia, si no a planes que tengan como objetivo el cumplimiento normativo como -por ejemplo- el pago y reconocimiento de horas extras en trabajo remoto, vacaciones, entre otros, que lamentablemente no se fiscalizan porque el 85% (de las fiscalizaciones) está abocado a denuncias de trabajadores cuando debería ser 50% de las fiscalizaciones por denuncias y el otro 50% fiscalización del cumplimiento de la leyes laborales”, comentó.

En ese sentido, detalló que en lo va del año un gran porcentaje de las denuncias está relacionado a despidos y al incumplimiento de pagos de beneficios laborales como la CTS, por ejemplo.

¿Cuáles fueron los sectores con mayores quejas a julio del 2020? Entre enero a junio del 2020, los sectores económicos en los que se registraron más denuncias fueron: actividades inmobiliarias (4,727), comercio al por mayor y al por menor (4,622) e industrias manufactureras (2,922), disparándose el número de denuncias laborales en junio hasta 11,759.

Cabe recordar que el 30 de junio de inició la tercera etapa de reactivación económica que permitía en su totalidad el reinicio de actividades de construcción, comercio (que implica tiendas en general con aforo reducido), entre otros.

“Llama la atención que las más fiscalizadas fueron inmobiliarias, que implica construcción, actividad que recién se reactivó a fines de junio. Pese a que ha estado paralizado hasta junio es el sector que tiene más denuncias”, aclaró.

Añadió que también llama la atención que el cuarto sector con más denuncias sean los hoteles y restaurantes que han estado operando pero por debajo de su capacidad ante las restricciones impuestas por el propio Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.

“Muchas empresas se han visto afectadas por la paralización económica y están operando por debajo de su capacidad instalad para que además reciben inspecciones y multas. A esta situación se suma que están siendo inspeccionadas sobre denuncias que se efectuaron el año pasado o a principio de este año como -por ejemplo- hay inspecciones de hostigamiento sexual, vacaciones, horas extras, que datan del 2019”, precisó Ávalos.

En ese sentido, pidió revisar la discrecionalidad de las inspecciones laborales sobre todo en sectores que todavía no se reactivan.

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