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Una de las más recientes estimaciones de la brecha de infraestructura en el Perú se sitúa por encima de los S/480 mil millones, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, pese a las visibles necesidades en la población, un número importante de proyectos de obras públicas han siquiera podido avanzar en su ejecución. Más aún, sus estudios previos han expirado.
Más de 12,300 proyectos de inversión se encuentran en condición de “caducos”, lo que significa que, pese a haber logrado tener “luz verde” para realizarse, no invirtieron sol alguno para su ejecución por más de 3 años desde su fecha de viabilidad. Así da cuenta un reporte del Observatorio de la Contraloría General de la República y actualizado en exclusiva en Gestión.
El costo que contempla la eventual construcción de todas estas obras bordea los S/91,500 millones. En cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto es alrededor del 9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
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Pero el perjuicio de que estos proyectos hayan perdido su viabilidad es mayor. Estimaciones de expertos señalan que el costo en las fases previas a conseguir la “luz verde” de una obra, como estudios de preinversión, entre otros expedientes y análisis, oscilan entre el 5% y 10% de su total. Con ello, se tiene que el Estado ha perdido, al menos, S/4,500 millones al dejar caducar la viabilidad de los estudios de estas obras. Debido al amplio lapso de tiempo que transcurre ante su nulo avance, para que estas obras puedan realizarse se requiere que se vuelvan a hacer todos los estudios desde cero, es decir, desde la etapa de formulación.
Este panorama, incluso, se presenta más adverso que meses atrás. En un reporte presentando con cifras a marzo, se registraba que había poco menos de 12,000 proyectos de inversión con un costo de S/86,035 millones. Las cifras conseguidas más actualizadas reflejan que, en el lapso de aproximadamente 4 meses, el número de obras “caducas” aumentó en más de 400, un incremento de 3.5%. Mientras que el costo que contemplan subió casi en 6%.
De otro lado, cifras del Observatorio de la Contraloría General de la República también muestran que es alto el número de proyectos “abandonados”. Así se le llaman a aquellas inversiones que registran algún avance en la inversión de su presupuesto, pero están paralizados por 2 o más años.
En este rubro, se tiene que hay más de 125,000 proyectos en condición de “abandonados”, al menos, desde 2004. En tanto, el valor acumulado de todas estas obras supera los S/290,700 millones. El rango de avance en la ejecución de sus recursos bordea entre el 18.7% y el 75%.
Mix de factores
Para Gonzalo Manrique, analista senior del IPE, este escenario evidencia, en primer lugar, el grave problema de eficiencia que existe en el Estado para el desarrollo de obras públicas. Vale mencionar que, en el caso de los proyectos “caducos”, se registran que son casi 1,900 entidades las que estuvieron a cargo de los proyectos cuyo estado dejó de ser viable. En el caso de los “abandonados”, más de 2,300.
“La situación es crítica, más aún, considerando las brechas de infraestructura que hay en rubros claves como saneamiento e infraestructura vial. Que haya tantas obras caducas o abandonadas afecta el bienestar de las personas y la competitividad del país”, comentó Manrique.
En la misma línea coincidió Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), agregando que los problemas de falta de capacidades se observan, incluso, desde las etapas iniciales, en la formulación de las obras.
“Se observa una inconsistencia porque, inicialmente, hay una programación para priorizar proyectos, pero luego no es cumplida. En etapas siguientes, cuando las autoridades y/o funcionarios a cargo tienen que dar el visto bueno, se demoran más del doble de tiempo establecido”, señaló.
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En este aspecto, Manrique mencionó que, de acuerdo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), se calcula que, aproximadamente, la mitad de los funcionarios que participan en el desarrollo de obras públicas no cumplen con las capacidades requeridas.
Otro dato que también destaca el analista del IPE es la limitada capacidad de control que se tiene sobre estos proyectos. Por ejemplo, entre 2008 y 2017, el Sistema Nacional de Control (SNC) reportó realizar control simultáneo a solo el 48% de las entidades sujetas a control, mientras que a menos del 40% hizo control posterior.
A esto se suma que hay una baja efectividad en el control bajo un enfoque punitivo. De los 2,538 procesos judiciales iniciados entre 2009 y 2018, solo el 12% (315) resultó con sentencias (entre favorables y desfavorables).
A su turno, Puccio sostuvo que la alta rotación de funcionarios por la inestabilidad política también afecta el desarrollo de las obras públicas.
“La alta rotación de funcionarios explica que, cuando ya se priorizaron obras, se metan otras sin mayor sustento. El escenario es que, dentro de una lista, hay que elegir. Hay algunas que ya se mapean, pero en el cambio de funcionarios, esa priorizada cambia, ingresa otra y esa obra termina en ‘abandonada’ o ‘caduca’”, detalló el vocero de REDES.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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