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El gigante francés de los espirituosos Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar fueron demandados en tribunales de Estados Unidos por operar con bienes nacionalizados por la revolución cubana, según copias de las denuncias obtenidas por la AFP este viernes.
Pernod Ricard, número dos en bebidas espirituosas a nivel mundial, está presente desde hace más de 20 años en el país, donde opera una empresa mixta con Cuba Ron S.A., destinada a la producción de Havana Club, el más famoso de los rones cubanos.
La demanda contra la compañía francesa fue interpuesta por la hija del fundador de Coñac Cueto, empresa confiscada en 1963 por el gobierno cubano e integrada a la línea de bebidas Havana Club, según la demandante.
Contactado por la AFP, Pernod Ricard dijo que adoptó “las medidas apropiadas para procesar y derrotar esta solicitud sin fundamento”.
Iberostar, que opera una veintena de hoteles en Cuba, es demandada por un descendiente del propietario de un edificio en Santiago de Cuba (sureste), confiscado en 1961 por el gobierno, según la denuncia. Un hotel del grupo español ahora ocupa ese inmueble.
Ya procesada bajo esta ley, Iberostar ha anunciado públicamente que las demandas no perjudican de ninguna manera sus planes de abrir nuevos establecimientos en la isla.
La información sobre las dos demandas fue alertada a la AFP por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos- Cuba, que ha identificado un total de 23 quejas presentadas en los últimos meses, al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton, promulgada en 1996.
Varios grupos importantes, entre ellos Accor, Amazon, Carnival y American Airlines, ya fueron procesadas, pero algunas de estas demandas fueron desestimadas por los tribunales estadounidenses, en particular porque algunos de los querellantes no pudieron probar que su familia era propietaria del objeto de la queja en la época de la revolución cubana.
El Título III de la Ley Helms-Burton, cuya aplicación había sido suspendida por sucesivos presidentes estadounidenses, entró en vigor en mayo bajo la administración de Donald Trump, que ha recrudecido el embargo contra la isla, vigente desde 1962.
Esa norma permite enjuiciar en tribunales estadounidenses a cualquier persona o empresa que haga negocios con bienes nacionalizados durante la revolución de 1959, una definición engañosa que amenaza a los socios extranjeros de la isla.
El gobierno cubano considera que la ley Helms-Burton es inaplicable debido a su naturaleza extraterritorial, una opinión compartida por la Unión Europea, que afirma tener un arsenal legal para contrarrestar esa legislación.
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