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Este año Manuel Fumagalli llegó a la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Su labor no ha sido fácil. El conflicto de Tía María lo recibió y una revisión integral de la legislación minera lo acompaña hasta hoy. “No es el momento oportuno”, sostiene el ejecutivo.
Toma una taza de café y añade que existe un clima de incertidumbre política y unas elecciones congresales a la vista. Aquí destaca un concepto crucial: la minería, como cualquier otra actividad, necesita de seguridad jurídica.
Sostiene que toda legislación es perfectible, pero insiste en su preocupación. Y es que, si bien valora que una comisión de expertos haga una propuesta, y al final y al cabo despolitice el debate, la decisión final estará en manos del nuevo Congreso.
Considera que, desde el lado de los empresarios, el debate puede permitir que se acaba con la “sobrerregulación que existe en el sector” y que “nos asfixia en los últimos 15 años”, apunta.
"Tenemos que tener una ventanilla única real, hoy está todo atomizado y no conectado, lo cual nos hace poco atractivos”.
“Vamos a estar atentos y vigilantes para que este debate no se descarrile, sino que se vaya al foco de mejorar la competitividad y promover la minería responsable”, apunta.
No más leyes
Añade que en el caso de los conflictos sociales, estos no se solucionan con más leyes, sino con la reducción de brechas.
El ejecutivo refiere que estas brechas sociales se transforman en demandas insatisfechas, que luego, ante la ausencia del Estado, se vuelcan contra las empresas mineras. Lo absurdo de la situación es que la minería genera recursos en las zonas donde opera.
En los últimos 10 años – detalla Manuel Fumagalli - el sector pagó más de S/ 40 mil millones de canon y regalías, pero se ha gastado solo alrededor del 65% de ejecución y mucho de ese dinero se ha ido en gasto corriente.
“Hay dinero, pero no se ha usado bien, hay que poner en valor los recursos y mejorar habilidades de quienes deben ejecutarlo”, sostiene.
El otro escenario
Fumagalli, también gerente general de Barrick, define este año como uno de “resultados no esperados”.
Indica que se arrancó el 2019 con una cartera de seis proyectos que al final no se ejecutaron en su totalidad.
“En exploración teníamos una cartera de US$ 500 millones, que tampoco se cumplió”, agrega.
Sostiene que es necesario mejorar la competitividad y dejar de hacer lo mismo.
El ejecutivo sostiene que no se puede esperar los resultados de la comisión que evaluará la legislación minera, sino que el Gobierno dé un paso al frente y formule modificaciones, por ejemplo en la normatividad sobre exploración. “También hay que simplificar la tramitología”.
