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Los servicios legales en áreas laborales y tributarias son las primeras en activarse en el sector empresarial, sobre todo, en un entorno de crisis. Pero no son las únicas. Con el actual contexto en Perú -de convulsión social-, la demanda por servicios legales en materia de litigio y arbitraje, así como reestructuración empiezan a tener movimiento como consecuencia directa de una economía en conflicto.
Así, el crecimiento de la demanda de servicios legales en Perú, que se estima en 10% para este 2023, estará relacionado principalmente al arbitraje y litigios ante una situación en el que se están incumpliendo contratos, condiciones y plazos de entrega, sobre todo, con gobiernos locales, regionales y cualquier otra entidad a cargo de obras públicas debido a las manifestaciones, señaló Wilfredo Murillo, socio de Gericó Associates. “Si prestas servicio para el mantenimiento de un puente que se encuentra tomado por manifestantes, ¿Cómo lo haces?”, dijo en diálogo con gestion.pe
Al respecto, Luis Vargas, socio del área corporativa y M&A en DLA Piper Perú, anotó que la situación se agrava debido a que las entidades estatales están obligadas, por la Contraloría, a reclamar a las empresas el cumplimiento inmediato de las obligaciones sin considerar razones de fuerza mayor. “La entidad no puede aceptar una demora por razones de fuerza mayor sin antes enviar el contrato a arbitraje”, señaló.
Cabe indicar que, a mediados de enero, la empresa láctea Gloria, cuya planta en Arequipa sufrió daños en su infraestructura tras el ingreso de manifestantes, y otros proveedores más, solicitaron al programa Qaliwarma a flexibilizar el cronograma de entrega de los productos en almacén y hacer ajustes a algunas fichas técnicas debido al actual bloqueo de vías. Frente a ello, sin embargo, el coordinador de Qaliwarma manifestó que los contratos firmados los obliga a cumplir con el cronograma establecido y, de formularse algunas peticiones, se debe hacer dentro de los marcos establecidos.
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Reestructuración
Gestión reportó en su edición del 25.01.2023 que 121 empresas agroindustriales en Ica estaban en riesgo de quebrar por el cierre de vías y las amenazas en algunos fundos. En una situación similar se encuentran las empresas de turismo, ¿hay a la vista demanda de servicios legales para situaciones de quiebra y reestructuraciones?
Vargas señala que, por ahora -su estudio- no ha recibido solicitudes de asesoría relacionada a una quiebra empresarial como tal. “Consideramos que es un periodo corto de tiempo y podrían todavía soportar pero no más de dos o tres meses. Si la actual situación persiste, sin duda ciertas empresas se quedarán sin liquidez y rápidamente podrían tener problemas”, indicó.
Anotó que cualquier acreedor con 50 UIT de acreencias puede llevar a una empresa ante Indecopi. “Entonces, esa empresa que entra a concurso se vuelve inoperativa. Si la situación persiste podríamos ver estas situaciones. Por ahora, hay capacidad de espera y de actuar de buena fe”, agregó.
Lo que también empezaría solicitarse sería servicios legales relacionados a la reestructuración mientras que el área de Fusiones & Adquisiciones, que tuvo un comportamiento importante durante el año de la pandemia, podría tener menos carga.
“Hay dos perspectivas: quien pretendía hacer crecer su negocio ahora será mas cauteloso y esperará a ver dónde estará el país en cinco o seis meses (tras las posibles elecciones generales). Pero otros actores adversos al riesgo, que toman esta situación como una oportunidad de adquirir barato, seguirán adelante, pero estos casos serán la excepción”, sostuvo Vargas.
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Nuevos servicios
Finalmente, Murillo agregó que la oferta de servicios legales en el país se está ampliando, incluyendo el Marketing Legal, Legaltech, Legal Design, Legal Project Management ,incluso focalizado por industrias: moda, arte, cultura, salud y deporte.
También precisó que dentro de la oferta de servicios legales, están tomando cada vez más fuerza los Marketplace jurídicos o desarrollo de servicios online de temas legales.
Ello sin dejar de lado que las empresas empiezan a apostar mas por abogados in-house, incluso -anota- la figura del gerente legal empieza a obtener un rol protagónico. Un caso: César Molina, el nuevo gerente general de Uber para Perú, Ecuador y Bolivia, se desempeñaba previamente como asesor jurídico comercial y de producto sénior.