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El producto bruto interno (PBI) de Perú se expandirá un 2.6% en el 2023 y un 2.9% en el 2024, impulsado, especialmente, por un incremento de la producción y exportación minera, así como por la recuperación del turismo, según el informe de perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundido este martes.
En su reporte, el organismo destaca que la inflación se mantiene alta, lo que, sumado al “endurecimiento de las condiciones financieras”, pesará sobre el consumo de los hogares.
También hace hincapié en que la “alta incertidumbre política, la baja confianza empresarial y la ejecución presupuestaria estructuralmente lenta a nivel regional y local limitarán la inversión”.
La inflación, “que ya ha comenzado a menguar”, llegará al objetivo del 2% a lo largo del 2024, mientras que la informalidad, con niveles prepandemia, incrementará las desigualdades.
La OCDE también recomienda al banco central “mantener una postura restrictiva para garantizar que las expectativas de inflación se reafirmen” y considera que la “salvaguarda de la sostenibilidad fiscal dependerá del mantenimiento de la senda de consolidación prevista”.
También subraya que, con la ralentización en la creación de empleo formal y los altos precios de la energía y alimentos, es necesario el apoyo fiscal dirigido a los más vulnerables.
Por otra parte, recomienda una “reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos estructuralmente bajos”, lo que “ayudaría a abordar apremiantes necesidades sociales y de infraestructuras”.
A juicio de la OCDE, también es necesario “mejorar la progresividad fiscal y hacer que el crecimiento sea más inclusivo”, mientras que incrementar “la generación de electricidad a partir de recursos renovables ayudaría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles”.
La organización considera, asimismo, que tras sobrepasar los niveles prepandemia en el 2021, la actividad económica, que creció un 3.5% en la primera mitad del 2022, ha perdido su impulso.
El crecimiento en la primera mitad del año estuvo liderado por una rápida recuperación en la creación de empleo, los retiros de los fondos de pensiones y un rápido incremento del crecimiento del crédito, lo que llevó a “un boyante consumo doméstico”.
La recuperación de los sectores más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia comenzó a disiparse y fue contrarrestada por la debilidad de la minería y la agricultura.
La OCDE indica que “gran parte del lastre en la producción minera proviene de la interrupción relacionada con las protestas en las minas de cobre”, mientras que “la incertidumbre política ha socavado la confianza empresarial y la producción manufacturera se ha contraído en los últimos tres meses”.
Una menor tasa de exportaciones sumada a unos precios del petróleo más altos, así como la mayor factura de importaciones que provocó, “está ampliando el déficit de cuenta corriente”.
El empleo se ha recuperado y está por encima de los niveles previos a la pandemia, pero la informalidad ha aumentado, llegando al 70% de la fuerza laboral, siempre según el informe de la OCDE.
La OCDE también reclamó a Perú “reformas para reactivar el crecimiento y reducir las desigualdades”, a la vez que reiteró que “una mayor inversión en energías renovables puede ayudar a diversificar la economía e impulsar productividad”.
Además, destacó la importancia de “garantizar una financiación adecuada para el gasto social y de infraestructura”, lo que “requerirá una mejora en la eficiencia del gasto y mayores ingresos fiscales”.
“Reducir la evasión fiscal y los gastos mientras se mejora la progresividad del sistema serán clave para el crecimiento inclusivo. Ampliar la cobertura de la protección social y los beneficios de los programas de asistencia social y la reducción de los cargos laborales para los trabajadores de bajos ingresos frenaría informalidad”, recomienda.
Finalmente, el organismo considera que “mejorar la calidad de la educación pública y la formación profesional impulsaría la productividad” y reduciría la informalidad y las desigualdades.