Desconocimiento de Vásquez pone en riesgo los S/ 70 millones que recibe Ayacucho por canon minero

La decisión de la primera ministra, Mirtha Vásquez, de disponer el cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho continúa generando preocupación en el sector empresarial, ya que dicha medida se considera arbitraria.

Raúl Jacobs, presidente de la Sociedad Nacional de Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó -en diálogo con RPP Noticias- que la decisión unilateral de Vásquez no solo pone en riesgo no solo 54,000 puestos de trabajo (6,000 directos y 48,000 indirectos) sino los poco más de S/ 70 millones ingresos por canon minero que recibe Ayacucho.

Para el ejecutivo hay un desconocimiento desde el Ejecutivo sobre lo que significa un plan de cierre de minas.

“Una mina se cierra cuando ya no tiene mineral para ser procesado o teniendo mineral este tiene un costo que ya no es económicamente viable desarrollarlo. En ese momento, se aplica el plan de cierre de minas autorizado por el Ministerio de Energía y Minas. Los planes de cierre se van elaborando cada cinco años. En el caso de las operaciones establecidas, (este plan) tiene que ser revisados o actualizados”, afirmó.

La primera ministra -cabe precisar afirmó ayer, tras el pronunciamiento de las cuatro mineras afectadas- que “se suscribieron un acta en la que se ratifica el cumplimiento de los planes de cierre de las unidades de Apumayo, Breapampa, Pallanca e Inmaculada establecidos y aprobados por el MEM”.

El acuerdo suscrito -anotó Vásquez- “hace referencia al cumplimiento de los planes de cierre de mineras establecidos y bajo fiscalización de los ministerios competente conforme lo señala la norma”.

Sobre este punto, el representante de la SNMPE sostiene que la primera ministra desconoce que los planes de cierre son elementos vivos, que se van ampliando conforme exista mineral.

“Si la operaciones minera tiene reservas para 3 o 4 años y ese encuentra más mineral para procesar, en ese caso se actualiza el plan de cierre de minas y se amplia la vida de la mina la misma que es autorizada por las autoridades competentes”, añadió.

En ese sentido, el ejecutivo reiteró que la iniciativa de la primera ministra “les preocupa mucho” ya que es contradictorio con lo que dijo horas antes el presidente Castillo en CADE invitando a los inversionistas a invertir en Perú.

“El sector minero lo tienen claro de seguir adelante con las condiciones adecuadas. Enterarnos de esta situación llama a gran preocupación”, subrayó. Ante ello dijo que desde su gremio se espera la rectificación de la medida tomada desde la PCM y alegó que en caso ello no llegará a ocurrir, cada una de las compañías mineras afectadas tomará las medidas legales correspondientes.

-Otros caminos-

El ejecutivo añadió que existen otros caminos que se pudo tomar en cuenta para proteger las cabeceras de cuenca, y que están establecidas en la legislación existente.

“Desde el año 2008, la ley de recursos hídricos da las pautas para cumplir para (el resguardo de) las cabeceras de cuenca. Hay legislación y reglamento, la que se cumple de manera estricta. Realmente no era necesario hacer un acuerdo como lo hizo la primera ministra”, afirmó.

-Inversiones en riesgo-

En el caso de la unidad minera Inmaculada -de Hochschild Mining- cuyo plan de cierre final esta previsto (de acuerdo al cronograma oficial del Ejecutivo) entre los años 2022 y 2023, la minera informó en julio de este año a la revista especializada Energiminas que “planea invertir US$ 4,436 millones, entre CAPEX y OPEX, para extender la vida útil de su mina más moderna Inmaculada hasta el 2041″.

La firma indicó -incluso- que la fuerza laboral estimada en la etapa de construcción sería de 596 de mano de obra no calificada y 1,595 de mano de obra calificada, mientras que el personal adicional para la etapa de construcción aproximadamente el 94% de la fuerza laboral requerida será foránea y el 6% corresponderá a fuerza laboral local.

Inmaculada explota un yacimiento de oro y plata, a un ritmo de producción de 3,850 TPD mediante minado subterráneo, aunque la autorización ambiental vigente permite un volumen de producción de 4,200 TPD. Las bocaminas actuales son las del nivel 4,300, 4,400 y 4,500. Se cuenta con galerías, chimeneas Raise Borer o Raise Climber.

En el caso de la unidad minera Pallanca -de la mineras Ares subsidiaria también de Hochschild Mining- cuyo plan de cierre final esta previsto (de acuerdo al cronograma oficial del Ejecutivo) entre los años 2022 y 2024, la minera informó en abril de este año a la revista especializada Rumbo Minero que “evalúa invertir US$ 21.3 millones en Pallancata, rica en plata y oro”.

-Nota-

• En un comunicado los 53,000 trabajadores de la Compañía Minera Ares -agrupados en 3 sindicatos- expresaron su profunda preocupación por el anuncio de la primera ministra, “sobre el pretendido cierre y retiro de nuestro centros de trabajo: las unidades mineras Inmaculada y Pallanca”.
• Por su parte la “Unión de Gremios del Perú” mostró también su “profunda preocupación” por la decisión de la primera ministra Mirtha Vásquez, respecto a cuatro unidades mineras en Ayacucho.
• “Estas acciones solo generan mayor inestabilidad y desconfianza en el sector empresarial en general, y van en sentido contrario al discurso que ha brindado el presidente Pedro Castillo y sus ministros en diversas ocasiones, en las que alientan a los empresarios a continuar invirtiendo y apostando por el Perú”, afirman.
• Este gremio esta integrado por ADEX, CCL, Canatur, PerúCamaras, SNI, Mipymes, CTT-Perú, GTL, Asomif Perú, Anatec, APEFAC, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Unión Regional de Transportistas, entre otros.

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