La Defensoría del Pueblo recordó al Estado la urgencia de adoptar medidas para la mitigación y adaptación frente al cambio climático, a fin de reducir los impactos derivados de inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos naturales cuya frecuencia y magnitud viene afectando a la población.
En ese sentido, recordó que se encuentra pendiente la incorporación de la variable de riesgo climático en los proyectos de inversión con impactos significativos, tanto públicos como privados y mixtos.
En efecto, pese a que la incorporación de esta variable, se estableció en la Ley N° 30754 o Ley Marco sobre Cambio Climático, así como en su reglamento, han transcurrido más de tres años y el Estado peruano continúa sin cumplir con dicha medida que permitiría, entre otras cosas, que la construcción de diversas obras de suma relevancia como establecimientos de salud, vías de comunicación o instituciones educativas, entre otras, cuenten con las adaptaciones necesarias para mitigar o adaptarse a los efectos de los fenómenos naturales, intensificados por el cambio climático.
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Así lo precisó Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Poblaciones Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien remarcó la importancia de que, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Economía y Finanzas, prioricen la incorporación de esta variable a los procesos de evaluación ambiental que deben seguirse para la construcción y mejora de los distintos proyectos de inversión.
Al respecto, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. Asimismo, señaló que, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), existen más de ocho millones de personas, dos millones de viviendas, 4,000 establecimientos de salud y 14,000 instituciones educativas que podrían verse afectadas como resultado de posibles deslizamientos, huaycos e inundaciones que se pronostican para abril, mayo y junio.
Vásquez también hizo un llamado a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a impulsar la descolmatación de cauces, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, así como a intensificar las acciones de fiscalización respecto a la construcción de viviendas u otras estructuras en riberas o franjas ribereñas, además de impulsar las medidas en materia hídrica contenidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú.
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Al reiterar la importancia de que el Estado peruano asigne la mayor importancia a las tareas pendientes en lo que concierne a la implementación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la representante de la Defensoría del Pueblo agregó que la institución advierte con preocupación que los fenómenos naturales como las lluvias intensas que actualmente atraviesa el país, son un efecto del este fenómeno mundial.
“A ello se suma una deficiente gestión estatal para prevenir, mitigar y controlar los desastres potenciales y reales, así como una población sin los conocimientos para contribuir con dicha gestión, tiene como resultado pérdidas y daños sobre la salud, la vida y la infraestructura pública y privada, especialmente de los sectores más vulnerables”, remarcó.
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