La posibilidad de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compre oro al mercado interno choca con ley orgánica de la entidad monetaria, advirtió el Gerente Central de Estudios Económicos de BCRP, Adrián Armas, durante una reciente presentación en la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú del Congreso de la República.
Al ser consultado sobre la posible compra de oro para ayudar con la formalización de la minería, Armas explicó que el marco legal que tiene la entidad contempla autonomía para hacer operaciones monetarias y la compra del oro implica tener recursos para hacer esa compra, lo cual no podrían hacerlo un banco central porque tendría que realizar una inyección de liquidez.
“En el momento en el que el BCRP está obligado, por una disposición, a comprar oro, al comprar oro significa que el BCR imprime dinero y se expande la emisión primaria. En ese momento estamos rompiendo el principio que tiene desde los 90, de que el banco central tiene plena autonomía para lograr el control de liquidez”, sostuvo.
Como se recuerda, existe un proyecto de ley en el Congreso que busca impulsar esta medida con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales del país.
El proyecto de ley
Con el proyecto 06035/2023-CR, planteado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, se propone que el BCRP realice la adquisición de oro a personas individuales y jurídicas, públicas y privadas legalmente establecidas, pagando en moneda nacional, tomando como base la cotización internacional del mineral. Además, se establece cómo se haría la contratación de servicios para la compra del oro y su refinación, así como las operaciones que podría hacer el banco central con estas reservas.
Teniendo en cuenta que parte del objetivo de la medida es fomentar la formalización minera debido al aumento de la informalidad, que ha duplicado su exportación de oro informal en los últimos nueve años a 2.4 millones onzas, Armas indicó que esta función no debe recaer en el BCRP, pero se puede dar a una entidad pública.
“Puede ser el Ministerio de Energía y Minas, en el pasado era el banco minero, el más cercano actualmente sería el Banco de la Nación. Se requiere el expertise de alguien que haga la operación y se requiere un capital de trabajo para poder implementarlo. El capital de trabajo tendría que venir con fondos públicos”, señaló.
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Compra de oro
Otro punto de la propuesta establece que una vez aprobada la ley, el BCRP tendría que mantener un mínimo de 25 toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales semestralmente. Pero, durante su conversación con los legisladores, el representante del BCRP mencionó que un país que produce oro requiere menos de este mineral en sus reservas, por lo que “nosotros tendríamos que tener poco oro por como stock y como inventario”.
Cabe mencionar que, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el oro es el segundo mineral que más produce el Perú. El último Boletín Estadístico Minero indica que de enero a abril la producción creció más de 19%, sumando 35.4 millones de toneladas métricas de contenido fino.
En tanto, al cierre del 2023, según la Memoria del BCRP, solo el 4% del portafolio de inversiones de las reservas internacionales se encontraba en otro, mientras que un 13% eran depósitos en bancos del exterior de primer orden y un 83% correspondía a inversiones en valores líquidos de alta calidad crediticia.
De acuerdo con el IPE, el Perú es el país latinoamericano que exporta más valor de oro ilegal. El 44% del oro que el Perú exporta es ilegal y su valor alcanzó los US$4,833 millones en 2023.
¿Qué pasaría si se aprueba la medida?
Para el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, la propuesta del Congreso para el BCRP no es una buena idea, pues afecta el buen manejo de las reservas internacionales, que son el respaldo de nuestra moneda.
“El BCRP no está en el negocio de la compra de oro ni la formalización minera. Sería un despropósito forzarlo. Para eso hay otras entidades si se quisiera, no el banco central. El BCR más bien tiene que ser libre de optimizar su portafolio de inversiones según criterios financieros ajustados a su ley orgánica”, comentó a Gestión.
Por ello, Macera señala que, en caso el Congreso ignore las recomendaciones de los especialistas y apruebe el proyecto, este tendría que ser observado y si se insiste tendría que ser declarada como inconstitucional.
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