¿Qué esperar legalmente en 2025?

En este post sintetizo las principales novedades y tendencias legales que presentaría este nuevo año (2025) en las especialidades a las que me dedico con mayor frecuencia, tal como han sido analizadas y reportadas por nuestro equipo legal[1].

1. Consumo y regulación publicitaria

• Para 2025 se estima un incremento histórico en el número de sanciones a los gerentes y representantes legales de las empresas. El INDECOPI ha relajado excesivamente el requisito del dolo o culpa inexcusable para atribuirles responsabilidad administrativa.
• Se espera una mayor fiscalización de la publicidad difundida en redes sociales a través de los creadores de contenido, como consecuencia del relanzamiento de la Guía de Publicidad para Influencers.
• Se estima un incremento de fiscalizaciones y posibles casos en el sector bancario, al requerirse por nueva jurisprudencia del INDECOPI (que no compartimos) que los sistemas de monitoreo impidan el cargo de una transacción que genere alerta.
• Se espera mayor supervisión en la protección al consumidor para las siguientes actividades: i) préstamos personales; ii) créditos de consumo; iii) seguros de desgravamen; iv) servicios de transporte terrestre; (v) servicios de transporte aéreo; (vi) empresas administradoras de fondos colectivos; (viii) alimentos destinados exclusivamente para bebés; (ix) servicios de educación; y, (x) seguros: SOAT.

2. Libre competencia

• Al aprobarse la Guía para identificar consorcios inusuales en las contrataciones públicas bajo la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, se espera que en 2025 INDECOPI fiscalice consorcios y otros acuerdos entre competidores, con el fin de determinar si es que se encuentran debidamente justificados o no.
• El INDECOPI debiera emitir una guía relativa a los remedios que pueden ofrecerse o imponerse en el marco de procedimientos de autorización previa de concentraciones empresariales, al amparo de la Ley 31112.
• El INDECOPI ha venido realizando y publicando estudios de mercado en los que identifica a los factores de origen público o privado que podrían estar limitando la competencia en los sectores que ha analizado. Es esperable que, en 2025, esta entidad haga seguimiento a la adecuada ejecución de las recomendaciones emitidas en estudios ya emitidos.

3. Barreras burocráticas

• En 2025 se espera que el INDECOPI continúe ejerciendo su labor de prevención y eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad en el ámbito nacional (ministerios y entidades adscritas), regional y municipal (provincial y distrital), en beneficio de los agentes económicos.
• Conforme a lo establecido por la Ley General de la Calidad Regulatoria, las entidades del Poder Ejecutivo están obligadas a realizar un análisis de impacto regulatorio (AIR) previo a la aprobación de disposiciones administrativas (reglamentos) que establezcan prohibiciones, limitaciones o exigencias que generen costos o limiten el desarrollo de las actividades económicas. De incumplirse esta obligación, podría exigirse la inaplicación (con efectos generales) de la reglamentación aprobada.
• Se encuentran en proceso de evaluación en el Congreso de la República diversos proyectos de ley para el fortalecimiento del régimen de prevención y eliminación de barreras burocráticas injustificadas a nivel regional o local. Se propone reforzar la permanencia y funciones de la Secretaría Técnica Regional del INDECOPI y el establecimiento de instancia única en la eliminación de estas barreras para lograr una mayor celeridad en beneficio de la actividad económica que genera empleo y dinamiza la economía.

4. Datos personales

• En 2025 entrará en vigencia el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que presenta obligaciones adicionales a las establecidas actualmente, tales como: designar un oficial de datos personales, reportar incidentes de seguridad, reforzar medidas de seguridad, implementar el derecho de portabilidad, entre otras. Se espera que la autoridad continúe en su incremento del número de fiscalizaciones en todos los sectores.
• Ante la ola de incidentes de seguridad perpetrados por hackers a entidades públicas y privadas, se hace urgente reforzar los controles técnicos asociados a los sistemas de información. Se espera que la autoridad requiera información a las entidades involucradas cada vez que tome conocimiento de un incidente de seguridad.
• En 2025 se espera que se apruebe la versión final del reglamento de la Ley que promueve el uso de inteligencia artificial.

5. Comercio internacional

• En 2025 con la entrada de operaciones de Puerto de Chancay, se espera un incremento en el flujo del comercio internacional entre China y Perú, así como una reducción sustancial de costos de transporte y logísticos, que dinamizará las transacciones y el intercambio comercial con el Asia.
• La nueva terminal del Aeropuerto Jorge Chávez y la consolidación del uso de la segunda pista podría estimular el comercio internacional de cierto tipo de carga más sofisticada.
• Se espera una actividad más vigilante del INDECOPI, para identificar aquellas importaciones que ingresan al Perú bajo precios dumping o beneficiados por subvenciones (subsidios) en sus países de origen y que, por ello afecten a diferentes sectores de la industria nacional.
• En el ámbito aduanero, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha marcado nuevos criterios que fortalecen la discrecionalidad de la Secretaría General de la Comunidad Andina para aprobar criterios de clasificación arancelaria que, por su naturaleza comunitaria prevalecen sobre aquellos establecidos por la autoridades aduaneras de sus Estados Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

6. Concesiones e infraestructura

• El 2025 estará marcado por la operación del Puerto de Chancay y la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez. En lo concerniente al indicado puerto y a los puertos del Callao, se deberá dilucidar el alcance de la regulación o desregulación y, en consecuencia, de las competencias de supervisión del OSITRAN en este tipo de infraestructuras, en caso se verifique servicios portuarios bajo competencia efectiva.
• No se prevé una disminución de las controversias entre inversionistas y el Estado peruano. Estas controversias evidencian el resultado de una inadecuada gestión administrativa de algunos proyectos y actividades económicas.
• PROINVERSIÓN se propone culminar en el año 2025 los procesos de promoción de inversión privada en distintos sectores (saneamiento, educación y turismo, entre otros), la mayoría de los cuales se originaron mediante iniciativas privadas.

7. Derecho administrativo y contratación pública

• Se debe garantizar la autonomía de los organismos reguladores, cuyos órganos de dirección se han visto afectados por la aprobación de mecanismos para la cobertura temporal y sin concurso de méritos de sus puestos directivos.
• En materia de contratación pública, en 2025 entrará en vigor la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, lo que implicará un reforzamiento de la posición del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector en materia de compras públicas, así como la entrada en funcionamiento de una nueva entidad supervisora, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.
• La nueva Ley General de Contrataciones Públicas ha introducido, como novedades relevantes: mecanismos para la compra pública de innovación, criterios de sustitución de inhabilitación para contratar con el Estado y ha reforzado el control administrativo sobre el ejercicio del arbitraje en materia de contrataciones públicas.

8. Mercados digitales

• Con la entrada en vigor de la ley que impone el cobro del IGV a los servicios digitales en el Perú, se grava con dicho impuesto a los servicios que se ponen a disposición de los usuarios a través de Internet tales como los servicios de streaming, de almacenamiento en la nube, de acceso a redes sociales, revistas o periódicos en línea y la intermediación en oferta y demanda en línea. En 2025, la verificación del cumplimiento de esta obligación tributaria podría impulsar mayores acciones de fiscalización por parte de la SUNAT.
• Se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República un Proyecto de Ley que propone expresamente que las aplicaciones móviles que operan en el país deban exhibir, en un lugar visible, permanente y fácilmente accesible, el enlace al libro de reclamaciones, en beneficio de los consumidores.

9. Propiedad intelectual

• Durante el año 2024 el tiempo promedio estimado para la obtención de un registro de marca en el Indecopi (sin oposiciones) fue de cuarenta y cinco (45) días hábiles. En 2025 se espera que el INDECOPI incremente la celeridad en sus procesos de registro marcario, incluso en los casos donde otro administrado formule oposición.
• Es recomendable que las empresas puedan reforzar sus mecanismos de vigilancia que permitan evitar el registro de marcas idénticas o similares a las propias, que puedan inducir a error o confusión sobre el origen empresarial de sus productos o servicios.
• Se estima que en 2025 las sociedades de gestión colectiva y los titulares directos de derechos de autor y derechos conexos continúan impulsando acciones de supervisión en el INDECOPI para verificar que las empresas realicen un uso autorizado de programas de software y otros que puedan estar bajo su titularidad o representación.

10. Regulación Municipal

• En 2025 es probable que se incrementen las acciones de fiscalización y control sobre actividades comerciales y por el uso de motocicletas. De la misma manera, es probable que las municipalidades afronten exigencias vecinales para imponer restricciones, horarias o geográficas, para el desarrollo de actividades económicas, que podrían configuran barreras burocráticas.
• Las municipalidades deberán enfrentar los problemas derivados de una deficiente y contradictoria regulación en materia de viviendas de interés social, siendo probable que algunos distritos desconozcan o impidan la ejecución de proyectos de este tipo.

Apunte final

Para lograr desarrollo y reducir la pobreza se requiere educación de calidad, libertad solidaria, reglas idóneas y claras, igualdad de oportunidades, seguridad y justicia, entre otras bases fundamentales. Logremos un 2025 que esté a la altura de nuestras expectativas.