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Durante las últimas semanas se han presentado denuncias contra diversas congresistas por presuntamente recortar el sueldo a los trabajadores de sus despachos parlamentarios y apropiarse de ese dinero para beneficio propio.
Las congresistas implicadas en este caso son Magaly Ruíz, Rosío Torres y recientemente Katy Ugarte. Hasta el cierre de esta nota, a las dos primeras se les ha iniciado investigaciones en la Comisión de Ética por vulneración al reglamento del Congreso y en la Fiscalía se dispuso realizar indagaciones por el presunto delito de concusión en contra todas ellas.
Frente a esta situación, que parece cada vez más recurrente en el Congreso, Gestión se comunicó con el exoficial mayor del Poder Legislativo José Cevasco para saber si existe alguna medida que fiscalice esta clase de actos irregulares y se prevengan.
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Cevasco explicó que las remuneraciones que reciben los empleados de los despachos congresales son de libre disponibilidad de ellos, por lo que difícilmente el Parlamento puede preguntarle a su empleado en qué utilizan su dinero.
“Lo que el Congreso puede hacer en estos casos es actuar una vez recibida la denuncia o conocer la denuncia publicamente como el día de ayer”, manifestó.
“No hay una manera previa de cómo el Congreso pueda conocer porque está demostrado que son actividades que realiza el congresista con el empleado o un intermediario que puede ser su asesor”, agregó.
El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante (Renovación Popular), coincidió y señaló que las mencionadas prácticas irregulares se realizan fuera de las planillas de los trabajadores y no hay manera de controlar o saber en qué gastan el dinero.
“La modalidad que se utilizan para ese tipo de cosas es que los trabajadores cobran su sueldo y luego ellos depositan posteriormente ya sea al mismo congresista o a otro trabajador. No hay manera de cómo esto se pueda controlar, de lo contrario estaríamos ingresando al secreto de la banca financiero y eso es con previa autorización judicial”, comentó.
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No obstante, Muñante aclaró que sí puede haber un control posterior a la denuncia contra algún congresista, ya sea con una denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria o una investigación en la Fiscalía.
El exoficial mayor del Congreso también indicó que la sanción en este caso iría desde el punto de vista ético y la pena máxima sería la suspensión de las funciones del parlamentario por 120 días de legislatura.
¿Se puede proteger a un trabajador que presente una denuncia?
También se les consultó sobre si a un empleado que realice esta denuncia podría ser protegido por el Poder Legislativo para que el congresista acusado no tome represalias.
José Cevasco explicó que el empleado de un despacho es un trabajador de confianza del parlamentario, por lo que puede despedirlo sin reparo. En esa línea, dijo que el Congreso solo ha defendido en casos particulares a empleados, ya sea porque padecían de alguna enfermedad o por gestación.
“Existe lo que se llaman las denuncias anónimas que pueden presentarlas ante la Comisión de Ética o una Fiscalía de turno. En caso sea la Fiscalía la que está investigando, puede cuidar la colaboración de este testigo”, agregó Alejandro Muñante.
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