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El Congreso de la República presentó una denuncia penal contra la empresaria Karelim López Arredondo ante le Ministerio Público, para que se proceda a investigar la comisión de delitos por haber presentado una prueba COVID-19 falsificada para pedir que no sea citada por la Comisión de Fiscalización.
El encargado de la procuraduría pública del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, formalizó la acusación por los presuntos delitos contra la fe pública (falsificación de documento privado y uso de documento privado falsificado), falsedad ideológica y negativa a colaborar con la administración de la justicia.
La denuncia recuerda que el 11 de enero, Karelim López adjuntó a su pedido para que se reprograme su citación ante la Comisión de Fiscalización diversos documentos, incluyendo un diagnóstico de COVID-19 positivo que, según informó “Cuarto Poder”, fue falsificado como consta en información que proporcionó el laboratorio Xecuenxia.
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La procuraduría del Parlamento incluyó en la denuncia al enfermero Christian Vila Salcedo como presunto autor de falsedad genérica ya que, según la información recabada, él habría sido el responsable de enviar información con la supuesta prueba COVID-19 positiva al laboratorio.
Sin embargo, el mismo día que se tomó la prueba antígena con el mencionado laboratorio, el Instituto Nacional de Salud registró en su sistema que Karelim López se sometió a una prueba molecular con resultado negativo.
Por todo esto, el procurador pide a un fiscal provincial que abra investigación preliminar y posteriormente disponga la formalización y continuación de una investigación preparatoria.
López ante Comisión de Fiscalización
Tras más de un mes de su primera citación frustrada, López Arredondo se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización, a la que fue citada para que declare por la visita que hizo a la casa de Breña, ubicada en el jirón Sarratea, en donde también ha asistido en varias oportunidades el presidente Pedro Castillo.
Ante los congresistas y en una sesión virtual, señaló que se acogía a “su derecho constitucional a guardar silencio” debido a que el caso de investigación está en manos del Ministerio Público, por lo que expresó que no respondería a las interrogantes de los legisladores del grupo de trabajo.
