INPE: de los 94,000 internos que hay a nivel nacional, actualmente 25,000 trabaja en los penales

Desde el Ejecutivo buscan impulsar la política de resocialización de los reclusos como una forma para deshacinar los diversos centros penitenciarios que hay a nivel nacional.

Así lo señaló el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, tras recordar que de los 94,000 internos que hay a nivel nacional, el 25% tiene 2 o más ingresos a prisión, mientras que el 75% restante, la mayoría, es primario.

“Se cree que la cárcel esta llena de gente que entra y sale, no es verdad, las estadísticas señalan lo contrario. Nuestro objetivo es apostar por ese 75% (que es primario). No negamos que hay un grupo reducido de internos que insisten en seguir vulnerando la seguridad. Cada vez que los descubramos, los llevaremos a los penales alejados de la ciudad”, señaló a la Agencia Andina.

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El funcionario consideró que la meta del Estado debe ser dar herramientas de estudio y trabajo a los reclusos para que cuando recuperen su libertad nunca más regresen a los penales.

“Hay que reinsertarlos a la sociedad. Hay que capacitarlos, certificarlos y darles una experiencia laboral a través de cárceles productivas”, apuntó.

En ese sentido, dijo que de los 94,000 internos que hay a nivel nacional, actualmente 25,000 trabajan en los penales. Un grupo de ellos laboran para empresarios privados, mientras que otros son emprendedores exitosos; es decir, trabajan de manera independiente.

En cuanto a los reclusos que estudian en prisión, Llaque Moya indicó que 15,000 personas se encuentran en esta situación. Cabe recordar que 6 de cada 10 internos no ha acabado la secundaria, según informó el INPE.

Añadió que en el caso de los internos que trabajan y estudian la reincidencia en el delito es mucho menor, según las estadísticas de su institución. En el caso de las personas que se encuentran bajo la modalidad de cárceles productivas, la reincidencia es de 9%. Esto es menos de la mitad de la reincidencia general (25%). En lo que respecta a los presos que estudian, la reincidencia es de solo 7%.

“Nuestro mensaje es que el Estado no pude permitir que en cárceles haya un privado de su libertad sin hacer nada, porque terminará cometiendo delitos”, aseveró, tras precisar que actualmente la cifra de presos ocupados (estudian y trabajan) es de 40,000.

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Descarta de que desde los penales se organicen las extorsiones

El Gobierno decretó el estado de emergencia, por el plazo de 60 días, los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Lince, así como siete distritos de Sullana (Piura), con la finalidad de reducir la ola de criminalidad que azota dichas jurisdicciones.

Uno de los delitos denunciados con mayor frecuencia en dichos lugares es la extorsión. Precisamente, diversos microempresarios y personas con un negocio pequeño, como bodegas, panaderías y peluquerías, denunciaron haber sido extorsionados. Muchas de las llamadas, según señalaron, provinieron desde algún centro penitenciario.

Al respecto, Llaque Moya no negó la posibilidad que desde un penal pudiera salir un acto ilegal; sin embargo, remarcó que “de ahí sostener que desde las prisiones se organizan los delitos que ocurren afuera, o las extorsiones, lo niego categóricamente”.

Recordó que una vez que la Policía informa al INPE sobre posibles casos de extorsión desde algunas prisiones del país, desde su institución actúan de inmediato; sin embargo, recalcó que “no tenemos información que confirme que desde los penales se organizan la mayoría de delitos. Eso no es verdad”.

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