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El último domingo, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, envió un oficio al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en el que le solicitó adelantar la fecha la declaración indagatoria de su clienta en el marco del caso Rolex, una diligencia fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
En el documento, la mandataria y su defensor pidieron que la declaración sea tomada “de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos, materia de investigación”.
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Es más, el mismo Castañeda se acercó ayer al local del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay (Centro de Lima), para reiterar su solicitud.
Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El despacho de Villena no aceptó el pedido de la mandataria para adelantar su interrogatorio y confirmó dicha diligencia para el próximo viernes 5, a las 8:30 a.m., según informó RPP.
Según dijo, Boluarte fue citada para el pasado martes 26 de marzo; no obstante, no se presentó y alegó una “recargada” agenda para pedir que sea reprogramada para dentro de aproximadamente 2 semanas.
Ese mismo día también se tenía previsto realizar una diligencia de exhibición en la que la jefa de Estado exhibiría sus relojes Rolex; sin embargo, no acudió.
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Ante esta situación, un equipo de fiscales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), acudieron a la casa de Boluarte, en Surquillo, pero no se les permitió el ingreso.
Fiscalía vs Ejecutivo
Ante la negativa de Boluarte de colaborar con las diligencias, el último viernes la Fiscalía y la Diviac allanaron la casa de la presidenta y Palacio de Gobierno con la finalidad de incautar documentación relacionada a la investigación; es decir, decomisar los relojes Rolex; sin embargo, no se encontraron dichos accesorios, solo se halló la documentación de uno de estos productos.
Tras esta diligencia, tanto Boluarte como diversos ministros de Estado calificaron esta medida como “desproporcionada”, “ilegal” y “abusiva”.
En respuesta, el Ministerio Público, a través de un comunicado, recordó que el procedimiento llevado a cabo se hizo por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
En ese sentido, descartaron que dicha intervención haya sido ilegítima, tal como señala la jefa de Estado.
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