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Se empieza a cerrar el círculo en el caso Rolex, que involucra directamente a la presidenta Dina Boluarte.
Héctor Banchero Herrera, propietario de dicha empresa, entregó parte de sus registros de ventas a las autoridades judiciales. En ellas, se pudo constatar que la adquisición fue registrada con la boleta de venta N.º BI/B002-0003701 el 31 de mayo de 2023 y quedó archivada con el DNI del comprador, el cual pertenece a la autoridad regional.
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El modelo del reloj es el “Datejust 36″, con el código M126231-0027, según los detalles proporcionados por Rolex. Este modelo cuenta con un reloj de 36 milímetros con una aleación de oro rosa de 18 quilates y cristal de zafiro. Su precio básico fue de US$18,250.
Sin embargo, lo más resaltante es que en ese mismo día Oscorima habría visitado, entre las 4:54 p.m. y 5:18 p.m., a Boluarte en Palacio de Gobierno, según datos del portal de Transparencia.
Una semana después, el portal La Encerrona reveló que la jefa de Estado tenía, al menos, 14 relojes de alta gama que habrían sido adquiridos desde que ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta la actualidad. Uno de esos accesorios es idéntico al que adquirió el gobernador de Ayacucho.
¿Los regalos tienen que ser declarados?
Tras conocerse esta noticia, surgió la teoría de que el famoso reloj Rolex, que no fue encontrado en la vivienda de la presidenta y en Palacio de Gobierno durante el allanamiento de la Fiscalía, sería un regalo de Oscorima. Esto, a pesar de que tanto Boluarte como dicha autoridad regional lo negaron desde un principio.
Al ser consultado por esta posibilidad, el premier Gustavo Adrianzén no lo descartó de plano. “Podría ser, yo quisiera saberlo. Voy a esperar a mañana (hoy)”, dijo a RPP.
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Eso sí, negó que la presidenta, quien fue interrogada en Ministerio Público este viernes, le haya informado sobre este supuesto regalo. “Puedo asegurar que no, y yo no se lo he preguntado tampoco”, acotó.
Al respecto, el abogado penalista Julio Rodríguez recordó que cuando un presidente recibe un regalo cuyo monto es elevado necesariamente tiene que declararlo.
“Esto tiene un procedimiento interno que se hace en Palacio de Gobierno. Si no estamos ante esa circunstancia y se trata de un regalo personal; es decir, de personas allegadas al mandatario, obviamente no tendría que haber mayor declaración, salvo que el monto sobrepase las 4 UIT. Por encima de ese monto, necesariamente tiene que ser declarado”, indicó a Gestión, tras precisar que un reloj Rolex supera dicho monto y tendría que haber sido declarado.
En caso se termine por confirmar que Oscorima regaló dicho accesorio a la jefa de Estado, el penalista advirtió que sí estaríamos ante una situación irregular debido a que ambos son funcionarios.
“Acá el problema comienza a suscitarse cuando el funcionario público no lo declara y, en paralelo, se descubre que quien le da este reloj es otro funcionario y tiene una vinculación funcional con ella (Dina Boluarte), porque hay una relación muy estrecha entre los gobernadores regionales y la Presidencia de la República. A través de los Decretos Supremos que firma el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta, se otorgan los préstamos y desembolsos económicos para determinadas obras que se realizan en regiones (...) por lo tanto, definitivamente estaríamos ante una circunstancia irregular”, aseveró.
Si bien la autoridad regional fue convocado para que responda si obsequió un Rolex a la mandataria, este decidió guardar silencio. Así lo confirmó su abogado Humberto Abanto, tras cuestionar la posición asumida por la Fiscalía. Según dijo, trataron de incriminar a su cliente.
El abogado, en diálogo con RPP, enfatizó que el gobernador cuenta con la solvencia económica para comprarse el lujoso reloj. “Puede comprar eso y mucho más”, dijo.
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Las transferencias de dinero y las implicancias legales
A esto hay que sumarle otro hecho que podría agravar aún más la situación de Boluarte y Oscorima.
El pasado 23 de marzo, el Gobierno autorizó la asignación de S/100 millones al Gobierno Regional de Ayacucho con la finalidad de financiar la construcción de un nuevo estadio en la ciudad de Huamanga, denominado “Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela”, con miras a los XX Juegos Bolivarianos 2025.
La decisión se refrendó a través el Decreto de Urgencia 006-2024, publicado en el diario oficial El Peruano. Esto ocurrió nueve días después de una reunión privada entre Boluarte y Oscorima en Palacio de Gobierno.
La cita entre ambos funcionarios se dio el pasado 14 de marzo, el mismo día en que estalló el escándalo que involucra a la mandataria por el uso de sus relojes de alta gama, tres de ellos serían Rolex.
Respecto a este tema, tanto Rodríguez como el abogado penalista Andy Carrión consideraron que todo esto podría originar una nueva investigación en contra de la presidenta por el presunto delito de cohecho, en caso se termine por confirmar que el gobernador regaló el accesorio a la jefa de Estado.
“Esto sería un acto de cohecho, porque un funcionario público, como un presidente de la República, no puede recibir esos regalos y, en segundo lugar, estarían comprendidas una contraprestación de partidas públicas a un gobierno regional (...) como sospecha inicial simple basta. Ya en la investigación podría recabarse mas indicios y evidencias”, señaló Carrión a este diario.
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El abogado añadió que la Fiscalía, en caso amplíe la indagación a colusión, estaría en la obligación de incluir a Oscorima como presunto autor de este delito y cómplice de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Rodríguez recordó que ese delito tiene una pena máxima de hasta ocho años de prisión efectiva.
“Ambos (Boluarte y Oscorima) serían investigados (por cohecho). Es un delito de participación necesaria, entre dos persona. Distinto sería que alguno de los dos lo rechace. Si se rechaza, evidentemente ahí solo tendríamos la configuración del delito en quien hace el ofrecimiento o quien hace la exigencia”, apuntó.
Al ser consultado por esta transferencia de dinero al Gobierno Regional de Ayacucho luego del eventual ‘regalo’ que le habría dado Oscorima a Boluarte, Adrianzén enfatizó que esto no puede verse como algo irregular y dijo que se trataría de una “infeliz coincidencia”.
“Esos fondos provienen de la realización, este 2024, de los Bolivarianos bicentenarios y se hace en Ayacucho, son la base de lo que va a significar los Bolivarianos 2025. Esto tiene un costo, hay que preparar infraestructura y esto tiene una programación de meses atrás. No tiene por qué sorprende una infeliz coincidencia, por llamarla así, porque se tenía que hacer en este periodo”, remarcó.
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Piden investigar visitas y todas las transferencias
La transferencia de S/100 millones para la construcción de un nuevo estadio en la ciudad de Huamanga no habría sido la única que hizo Boluarte a la gestión de Oscorima.
El Ejecutivo también realizó desembolsos de dinero al Gobierno Regional de Ayacucho para el mejoramiento de seis infraestructuras educativas y obras viales en Ayacucho.
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Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/66.6 millones para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y S/ 15.7 millones para la construcción de la carretera Luricocha-Pachancca, entre otras.
De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, la relación entre Boluarte y Oscorima se habría intensificado tras una reunión que tuvieron el pasado 22 de diciembre del año 2022, en medio de las protestas que se realizaban en contra del Gobierno.
Además, el gobernador de Ayacucho ingresó a Palacio hasta en nueve oportunidades en lo que va de este Gobierno. Dichas visitas quedaron registradas.
La autoridad regional también visitó, hasta en seis oportunidades, al expremier Alberto Otárola, y acudió a los despachos de otros ministros, como Leslie Urteaga, con la que se reunió tres veces, y Julio Demartini.
Respecto a este punto, Rodríguez se mostró a favor de que la Fiscalía investigue todas las transferencias de dinero que hizo Boluarte a la gestión de Oscorima, así como las distintas visitas que hizo la autoridad regional a los ministerios.
“Incluso, la Fiscalía podría partir del supuesto de que muchas de esas actividades que, supuestamente, son propias de la función, podrían estar en algún momento bajo sospecha por condicionamientos sobre la base de prebendas y, también, determinar si es que habrían otros gobiernos regionales involucrados. O sea, ya la Fiscalía tiene la posibilidad de abrir el abanico”, manifestó el penalista.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.