Digna Calle: repercusiones legales por trabajo virtual y los antecedentes en el Congreso

En una entrevista con Cuarto Poder, Calle rompió su silencio y no solo trajo consigo maletas para descargar, sino también una artillería verbal muy pesada.

“Yo le diría a aquellos que me llaman conchuda, ¿qué es ser más conchudo en este país?, ¿trabajar sin percibir un solo sol al Estado o darle la espalda al país y aferrarse en sus curules?, cual de esas dos cosas es ser más conchuda, ya la población sacara sus propias conclusiones”, señaló.

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Pese a que ya se encuentra en el país, la legisladora de Podemos Perú adelantó que no acudirá al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, aseveró.

Como era de esperarse, estas declaraciones no cayeron nada bien en el Parlamento. Diversos congresistas consideraron que Calle le está faltando en respeto a esta institución y que debería ser desaforada de inmediato.

Sin embargo, surgen diversas preguntas sobre las repercusiones legales que podría enfrentar la legisladora.

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¿Qué dice el reglamento del Congreso sobre el trabajo virtual?

A raíz de la pandemia del Covid-19 el Congreso modificó, en marzo del año 2020, su reglamento para permitir que los legisladores puedan realizar su trabajo de forma virtual, tanto a nivel de comisiones como en el Pleno.

En el documento, en su artículo 27-A, se precisa que “cuando ocurran circunstancias de gravedad que impidan el normal funcionamiento del Congreso, los órganos mencionados en el artículo precedente podrán sesionar virtualmente”.

Asimismo, los despachos congresales y los grupos parlamentarios podrán funcionar de manera virtual o remota, utilizando las herramientas tecnológicas que les facilitará la administración del Parlamento.

“Para efectos de la verificación del quórum y de la votación, se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz traslade el voto nominal de los miembros que componen su grupo parlamentario”, se lee en el documento.

Precisamente, Calle utilizó este artículo del reglamento del Congreso para, inicialmente, solicitar una licencia sin goce de haber por un tiempo en específico y, posteriormente, pedir autorización para poder trabajar de forma remota desde Estados Unidos.

Al respecto, el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, indicó que la legisladora no está infringiendo nada porque la virtualidad sí está estipulada en el reglamento. En ese sentido, indicó que la única forma de obligar a que Calle acuda presencialmente al Pleno es eliminando ese artículo del texto.

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“Hoy, Digna Calle decide no asistir al Pleno, pero la sesión es convocada para una reunión “semipresencial”. Entonces, se va a conectar desde cierta plataforma y está cumpliendo con la citación del presidente del Congreso, no está infringiendo nada. Si el Congreso quiere entrar y terminar con la virtualidad, deben de tomar una decisión y modificar el reglamento, ese es el tema”, dijo a Gestión tras precisar que todo se encuentra en manos de la Mesa Directiva, que encabeza Alejandro Soto.

Cevasco dijo que otra opción sería perfilar el uso de la virtualidad en el Congreso y colocar ciertos topes.

“Por ejemplo, obligar a los congresistas que prendan sus cámaras los días del Pleno. Estarán conectados virtualmente, podremos ver sus caras y saber dónde están. También poner un límite si quieren trabajar virtualmente, solo el 20% o 30%, un porcentaje para obligarlos a que vayan al Pleno, al menos, una vez al mes. Eso podría funcionar, esa es una salida”, apuntó.

Al ser consultado de qué pasaría si la Mesa Directiva elimina la virtualidad y Calle finalmente no asiste el Pleno, Cevasco remarcó que como la asistencia es presencial esta figuraría como inasistente.

“Se le computa las inasistencias para sus descuentos de remuneraciones. Ella ya renunció a su sueldo; entonces, no le afectaría su inasistencia al Pleno. No hay otra sanción que no sea descuento de sueldo, porque el reglamento habla, incluso, de que hay un tope de 50% en el descuento del sueldo de un parlamentario en caso de inasistencias al Pleno”, remarcó.

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¿Digna Calle podría ser investigada por la comisión de un delito o podría enfrentar un proceso de acusación constitucional?

En diálogo con Gestión, el abogado penalista Carlos Caro consideró que la legisladora de Podemos Perú podría ser investigada en el Ministerio Público por la comisión de dos delitos: omisión de funciones y, eventualmente, peculado.

“En el caso de Digna Calle, técnicamente está cumpliendo con algunas funciones. Remotamente puede trabajar, pero no quiere asistir al Pleno porque alega razones de conciencia. Son sus ideas, pero ella tiene la obligación de participar en las tareas parlamentarias. No es una potestad, es una obligación asistir al Pleno, a las comisiones, a la semana de representación, todas las labores propias de la función congresal. En la medida que las cumple parcialmente, para mi está cometiendo el delito de omisión de funciones”, indicó a este diario.

El penalista enfatizó que en este caso también podría haber un mal uso del presupuesto público. Si bien dijo que la legisladora estuvo trabajando virtualmente desde EE.UU., recordó que ella tiene un despacho, secretarías, oficinas y personal que estuvo en Lima

“Hay toda una implementación para un funcionario que debe de cumplir el cargo a tiempo completo, cosa que no está haciendo ella. Lo ha abandonado parcialmente por ocho meses. Todo ello tiene como consecuencia en lo que es el patrimonio del Estado, porque, finalmente, estamos hablando de un desperdicio de recursos. Le están pagando un sueldo por un trabajo que realiza de forma parcial y eso podría ponernos en el terreno de delitos contra el patrimonio del Estado, como peculado”, apuntó.

Cabe recordar que el delito de omisión de funciones es castigado con una pena de dos años de cárcel, mientras que el peculado es sancionado con ocho años de prisión. En el caso de la legisladora, ambas penas podrían sumarse al configurarse dos hechos distintos.

Respecto a si la decisión de Calle de renunciar a su sueldo la libraría de alguna investigación penal, Caro dijo que, en primer lugar, hay que determinar si eso fue verdad o no.

“Lo más probable es que siga recibiendo su sueldo, porque el Congreso no les puede quitar el sueldo porque tendría un problema laboral. Entonces, una cosa es lo que ella diga y otra cosa es lo que suceda. Otra cosa distinta es que lleve la plata a su cuenta y no la saque, eso ya es problema de ella. Puede decir yo no he usado mi sueldo, pero le han pagado. Si le dejan de pagar, el Congreso tendría un problema”, manifestó.

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Por su parte, el experto en derecho parlamentario, César Delgado Guembes, consideró que Calle podría enfrentar un proceso de acusación constitucional en el Parlamento, en caso sea investigada a nivel fiscal por una presunta omisión de funciones.

“Se le podría denunciar por infracción a la Constitución en el cumplimiento de sus deberes como congresista y el mandato de representación que va sobre su cargo. Entonces, cabría que se la destituyera o inhabilitara por incumplir con las funciones que la Constitución prescribe para los legisladores. Eso nunca ha ocurrido, pero nada impediría que si alguien quiere hacerlo, lo pude hacer”, señaló a este diario.

Cabe recordar que actualmente en la comisión de Ética, que presidente Diego Bazán, hay dos denuncias en trámite en contra de dicha legisladora. La máxima sanción que podría recomendar este grupo de trabajo es la suspensión en el cargo por el plazo de 120 días.

Al respecto, Delgado Guembes consideró que esas dos denuncias contra Calle en dicho grupo de trabajo no tendrán mayor éxito debido a que la legisladora “ha estado cumpliendo con las funciones que le corresponde de manera virtual, cuando había una autorización para hacerlo y, además, valiéndose de licencias otorgadas por el órgano competente”.

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Digna Calle insiste en renunciar al cargo de congresista: los otros antecedentes en el Parlamento

El pasado lunes, Calle reiteró en una entrevista en radio Exitosa su voluntad de renunciar al cargo de congresista, al señalar que ya no se siente “cómoda” de trabajar con sus colegas cuestionados por recortar el sueldo a sus trabajadores, entre otros.

En ese sentido, recordó que presentó un proyecto de ley para permitir que los legisladores puedan renunciar a sus curules, algo que actualmente está prohibido, según está estipulado en la Constitución.

El diario El Comercio informó esta semana que, en total, son nueve los proyectos de ley presentados que buscan habilitar la renuncia de los parlamentarios. Además de Calle, otros legisladores que impulsan esta iniciativa son Darwin Espinoza (Acción Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Guido Bellido (Perú Bicentenario), entre otros.

El tema de la renuncia de un legislador a su curul no es una novedad en el Parlamento. Anteriormente Javier Valle Riestra y Luis Falconí lo intentaron.

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En marzo del 2008, Valle Riestra, del APRA, presentó su renuncia al cargo argumentando razones personales y políticas. Aquella vez, dijo que no encontraba justificación para seguir en el Parlamento si no había logrado dos objetivos centrales: el retorno a la bicameralidad y el retorno a la Constitución de 1979.

El entonces parlamentario consideró que la denegatoria de su renuncia violaba su derecho al trabajo, al libre desarrollo de su proyecto de vida y amenazaba con vulnerar el derecho fundamental a la salud.

El Poder Judicial le dio la razón en el 2013, dos años después de dejar el cargo.

Respecto Falconí, el legislador trató de acortar su labor congresal en el año 2014 para postular al Gobierno Regional de Arequipa.

Sin embargo, la comisión de Constitución, en setiembre de ese año, rechazó su dimisión y el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que previamente le permitió inscribir su candidatura.

¿Se le debería permitir a un legislador renunciar a su cargo, tal como ocurre con el presidente de la República? En diálogo con Gestión, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, consideró que una medida de este tipo podría traer repercusiones, sobre todo, en el electorado que votó a favor del legislador que, ahora, ya nos los quiere representar.

“Los que le dieron ese mandato al congresista tanto de representación como ideológico podrían verse defraudados cuando, por presiones de carácter político y económico, o de cualquier otra naturaleza, a este congresista lo ponen frente a una situación de tener que renunciar. Eso es lo que ha querido proteger la ley no solo ahora, sino en todas las democracias que protegen el fuero parlamentario”, apuntó tras precisar que se debe revisar bien el tema para evitar la desfragmentación del Parlamento.

Por su parte, Cevasco se mostró a favor de encontrar una salida intermedia: el congresista que no quiera venir a trabajar que pida licencia indeterminada y que ingrese su accesitario

“Los accesitarios están de adorno. Si quieres irte, vete, pide tu licencia por 5 años y se acabó, entra el accesitario”, apuntó.

Para Delgado Guembes, el tema debe ser abordado desde dos perspectivas distintas: cómo se afecta el desempeño del Congreso y cómo se afectan los derechos humanos de quienes son congresistas.

“Para mí es el principal problema es el transfuguismo. Entonces, como sea que tú tomes una decisión, de lo que se trata es evitar el transfuguismo porque ese es el mal (…) cualquier cambio que tú hagas en materia de la renunciabilidad puede terminar desmantelando la pobre estructura estatal y representativa que actualmente tenemos. Entonces, si tú le sumas al transfuguismo la posibilidad de renunciar, el daño incluso será mucho más grande”, advirtió.

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