Congreso informará al Poder Judicial que exlegisladores ya no cuentan con inmunidad

La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, que preside el legislador Iván Quispe Apaza (Frente Amplio), envió un oficio al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, solicitando que informe al Poder Judicial que los integrantes del Parlamento disuelto ya no cuentan con dicha prerrogativa.

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Así, este grupo cumple con “un tema formal”, precisó el congresista Quispe Apaza, quien hizo hincapié en que los administradores de justicia ya pueden continuar con su labor.

Entre 2016 y 2019, la Corte Suprema presentó hasta 12 solicitudes de levantamiento de inmunidad al Congreso disuelto, a fin de poder procesar y/o arrestar a algunos exparlamentarios.

Sin embargo, solo tres fueron declarados procedentes. El resto fue rechazado y otros tres quedaron pendientes de pronunciamiento a nivel de pleno o de la misma comisión.

Entre estos últimos se ubica el caso de la exlegisladora Yesenia Ponce, quien fue acusada de mentir sobre sus estudios en su hoja de vida. La comisión aprobó en junio del 2019 el levantamiento de esta prerrogativa (luego que Ponce se allanara), pero el tema nunca fue abordado en el pleno.

Misma suerte corrió el expediente de Moisés Mamani (Fuerza Popular), a quien se buscaba procesar por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, por un caso también vinculado a sus estudios.

En tanto, la comisión nunca llegó a pronunciarse sobre el caso de Joaquín Dipas (Fuerza Popular), contra quien se solicitó el levantamiento de la inmunidad de arresto tras ser sentenciado en primera instancia a cárcel efectiva por colusión.

Luego de la disolución del Congreso, a fines del 2019, una instancia superior anuló la sentencia en su contra.

“Básicamente es un tema formal porque los congresistas tienen inmunidad parlamentaria hasta un mes después de que han sido congresistas. En este caso, ya con el Congreso disuelto e incluso los que se quedaron en la Comisión Permanente es evidente que ya pasó más de un mes”, dijo a Gestión el legislador Iván Quispe, presidente de la nueva comisión.

“Como ya no tienen la prerrogativa, el Poder Judicial puede seguir ya el proceso”, agregó.

La medida se enmarca en el artículo 93 de la Constitución, que indica que los congresistas representan a la nación y que “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”.

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