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El Gobierno de Pedro Castillo decidió dejar en manos del Ministerio Público la decisión final sobre lo qué pasará con los restos del terrorista Abimael Guzmán, ante la ausencia de un protocolo especifico. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Presidencia vía twitter.
“Como Gobierno respetamos la ley y la independencia de poderes. No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público. #GobiernoDelBicentenario” se indicó desde Palacio de Gobierno.
Más temprano, el Ministerio Público informó que el cuerpo del terrorista “recibirá el tratamiento que dispone la normativa vigente conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal, las que establecen que los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados”.
Sobre esto último se indicó que hoy la ciudadana Iris Yolanda Quiñonez Colchado -conocida como la camarada ‘Bertha’- solicitó formalmente a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo de Abimael Guzmán Reinoso, “expresando tener un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre Revoredo”, esposa del terrorista, quien también purga condena por terrorismo en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos.
Sin embargo, la fiscalía precisó que esta petición será evaluada en las próximas horas por el fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, conforme a las normas legales vigentes.
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Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro Coria explicó -vía twitter- que si quien reclama el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán con un “poder” de Iparraguirre, “tendría que tener poder notarial, ello implica que el juez que controla la ejecución autorice el acto notarial”.
“Si en 36 horas no pasa ello (110 LGS), decide el Estado”, aclaró.
El abogado César Nakasaki, por su parte, indicó que “no hay norma que permita al Gobierno disponer de cadáver, después de necropsia e investigaciones”.
“Debe invocarse estado de necesidad para no entregarlo; informe de DIRCORTE que demuestre que cualquier tipo de entierro generaría delitos y un Decreto Supremo o Resolución Ministerial de MINTER basta”, añadió.
