Esta mañana, la Comisión Permanente del Congreso se reunió para debatir y votar sobre el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ante esto, Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, adelantó que los miembros apelarán una eventual inhabilitación por ser parte de la legítima defensa.
“La Junta Nacional de Justicia ha dicho en todo momento que plantea su defensa en todos los escenarios. Ciertamente, lo hace en el ámbito judicial como lo hace la supranacional, de modo que no descartamos ninguna acción legítima en defensa de la institucionalidad de la JNJ”, manifestó en conferencia de prensa.
“Cualquiera de las sanciones que se proponen, causan un grave efecto sobre los miembros de la Junta, pero más allá de la circunstancia personal, la afectación fundamental es a la institucionalidad de la Junta de Justicia porque esta no podría operar. Si la interpretación sobre esta denuncia es por el rango de edad, es evidente que no podrían acceder los tres suplentes que superan los 75 años, por lo cual la Junta Nacional de Justicia quedaría bloqueada de sus funciones constitucionales”, expresó.
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A su turno, el abogado Samuel Abad, detalló las consecuencias que podría ocurrir en caso dicha comisión votara por la destitución de los miembros de la JNJ.
“Aquí lo que se está discutiendo es la acusación constitucional contra todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para destituirlos. Si esto prosperara, la JNJ ya no podría operar porque por lo menos hay tres suplentes que no cumplen con el requisito (tener entre 45 hasta 75 años)”, manifestó.
“Si esto prospera y el camino es hacia una destitución, la consecuencia sería que la JNJ no pueda cumplir sus funciones como designar jueces y los procedimientos disciplinarios se verían afectados. Por tal motivo, se está solicitando que archive esta denuncia constitucional”, agregó.
Antecedentes de la JNJ
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó una denuncia constitucional que propone la inhabilitación por 10 años a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta infracción a la Constitución.
De acuerdo a la denuncia constitucional, los integrantes de la JNJ habrían interpretado la Constitución para permitir la continuidad de Luz Inés Tello Valcárcel en este organismo al superar los 75 años, sin considerar que el requisito de tener entre 45 y 75 años de edad para ser parte de este.
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Los miembros de la JNJ a quienes se pide inhabilitar son: Antonio de la Haza Barrantes, Aldo Vásquez Ríos, José Ávila Herrera (quien renunció al cargo), Luz Inés Tello Valcárcel, Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.