El Pleno del Senado aprobó el miércoles otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara Alta dio luz verde al texto que reúne las 20 facultades remitidas por la Cámara de Diputados y siete puntos adicionales aprobadas ppr la comisión de Constitución del Senado.
La aprobación de las facultades abre una nueva etapa en el manejo de la gestión del país, pero también cambia el panorama para las personas y los negocios.
Lo que viene
Los cambios dependerán de las normas que el Gobierno apruebe y publique. Por ello, se debe distinguir entre la autorización para legislar y las nuevas reglas que posteriormente deberán cumplir los ciudadanos, las empresas y las entidades públicas.
Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, explica que el siguiente paso, tras la aprobación de facultades, es formalizar y publicar la ley autoritativa.
A partir de ello, el Ejecutivo podrá emitir los decretos legislativos dentro del plazo y los temas que le fueron delegados. En ese sentido, cada sector deberá llevar sus propuestas al Consejo de Ministros para su discusión y aprobación.
“Luego cada uno de los decretos legislativos independientemente sale publicado en El Peruano, como si fuese una ley, y desde el día siguiente que se publica, entra en vigor cada decreto legislativo”, indicó Albán.
Por otro lado, para los negocios, una de las medidas favorables será la simplificación administrativa. Antonio Álvarez Silva, especialista en gestión pública y analista político, consideró que reducir barreras burocráticas podría facilitar la apertura de emprendimientos y la obtención de permisos.
El especialista señaló que la estandarización de procedimientos permitiría reducir las diferencias entre municipalidades. Por otro lado, el impacto para los usuarios dependerá de que las nuevas disposiciones se reflejen en requisitos más claros y gestiones menos engorrosas.
Otra arista importante será la ejecución de infraestructura mediante obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Álvarez sostuvo que agilizar estos mecanismos podría favorecer proyectos locales y generar efectos positivos sobre la actividad económica, siempre que se ejecuten adecuadamente.
Esto también incluye las medidas vinculadas con la adquisición y saneamiento de predios. Todo este paquete podría facilitar intervenciones como defensas ribereñas, vías y puentes, cuya disponibilidad resulta relevante para el traslado de personas y productos.
Respecto a la atención del fenómeno de El Niño, Albán prevé que el Ejecutivo priorice disposiciones relacionadas con ayuda humanitaria, gestión de riesgos y vivienda. Consideró que, por el tiempo transcurrido durante la negociación, el Gobierno debería contar ya con propuestas avanzadas.
Para los ciudadanos, el resultado sería una respuesta más rápida frente a lluvias, inundaciones y daños a la infraestructura. Por ello, el beneficio deberá observarse en la llegada efectiva de asistencia y en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
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Limitaciones estatales
Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, precisó una visión diferente. Indicó que los efectos de flexibilizar las condiciones del gasto suelen sobredimensionarse y que una autorización para legislar no resuelve las limitaciones administrativas y fiscales del Estado.
Según explicó, el impacto sobre los gastos cotidianos y los servicios dependerá del detalle de cada medida.
“Si el Niño viene fuerte, las capacidades fiscales y administrativas del Estado peruano para hacer la diferencia son virtualmente despreciables, sobre todo considerando que se contemplan ayudas a empresas privadas que no la necesitan”, indicó Adrianzén.
En seguridad ciudadana, Albán identificó como posibles prioridades aquellas disposiciones contra la delincuencia organizada y la extorsión, el bloqueo de equipos móviles y la reforma penitenciaria.
Los efectos de estas medidas dependerán tanto del contenido aprobado como de la capacidad de aplicación de las instituciones, dentro del marco normativo vigente.
Álvarez también señaló los posibles efectos ante eventuales modificaciones sobre legítima defensa. Según consideró, estas deberían dar mayor claridad a los ciudadanos sobre su derecho a defenderse, sin permitir excesos.
Límites para legislar
La aprobación de facultades tampoco permite al Ejecutivo legislar sin límites. Albán precisó que debe respetar las materias delegadas y el plazo concedido.
En este contexto, también existen temas o problemáticas que no pueden regularse mediante esta vía, como las reformas constitucionales y las materias reservadas a leyes orgánicas.
El control posterior será otro componente central de fiscalización. Por ello, el Senado deberá revisar los decretos legislativos sobre su contenido y sus consecuencias, así como sus efectos en las materias aprobadas.
Respecto a la ejecución de recursos, en este contexto se encuentra la labor de entidades de fiscalización como la Contraloría, los órganos de control institucional, los consejeros regionales y los regidores. Estos deberán cumplir con su labor, sin interferir en la labor de las facultades destinadas.
Por otro lado, la evaluación de los resultados deberá concentrarse en aristas como, por ejemplo, en cuánto se agilizan los trámites, qué tan rápido se recuperan bienes de dominio público (como una carretera) y cómo responde el Estado ante una emergencia.
Para las personas y los negocios, la diferencia de cómo se verá afectados no estará solo en la aprobación de las facultades, sino en las reglas que entren en vigor y en su aplicación de estas.
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
