La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de presuntas irregularidades en el proceso de fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) a la oferta ganadora de la buena pro para seleccionar al supervisor de las obras del Anillo Vial Periférico en Lima Metropolitana.
Además se determinó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa en ocho funcionarios y servidores públicos de dicho organismo regulador involucrados en los hechos.
Según el Informe de Control Específico n.° 007-2026-2-4732-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 20 de noviembre de 2025 al 28 de mayo de 2026, la comisión de control revisó la documentación vinculada al Procedimiento de Selección Ordinario n.° 002-2025-OSITRAN para la contratación del “Servicio de Supervisión al Diseño y Construcción de las Inversiones Obligatorias del proyecto Anillo Vial Periférico”, donde la Jefatura de Logística y Control Patrimonial del Ositran concluyó que no había pruebas de inexactitud o falsedad en la experiencia del profesional propuesto como jefe de Ingeniería Vial de la empresa supervisora.
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Sin embargo, los auditores señalaron que esta conclusión desconoció la información oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, y los informes de la Demarcación de Carreteras de Cataluña, en su calidad de área usuaria en dicho ministerio, los cuales demostraban que el citado profesional no desempeñó los puestos, cargos y trabajos declarados como experiencia específica.
También se detectó que la empresa española consignada en la experiencia de dicho profesional no se encargó de la supervisión de la obra denominada “Autovía A-14, tramo Lleida – Roselló” en España, sino que estuvo a cargo de labores de gestión de apoyo técnico-administrativo, sin ser un servicio del tipo “Supervisión de Obra”, ni un servicio similar al objeto de la convocatoria hecha por el Ositran.
El informe advierte que, pese a estas evidencias, un grupo de ocho funcionarios y servidores públicos de la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica emitió, visó respaldó informes que validaron la experiencia cuestionada.
Para ello, los representantes del Ositran orientaron el análisis de la documentación presentada hacia una supuesta “equivalencia funcional” de actividades que no estaba prevista en las bases integradas del proceso de selección, omitiendo contrastar la información declarada por el postor ganador con la realidad de los hechos, lo que quebrantó la presunción de veracidad de la oferta técnica.
La Contraloría enfatizó que esta situación impidió que el Ositran activara oportunamente los mecanismos establecidos ante la presentación de información inexacta, permitiendo la continuidad de un contrato de supervisión sustentado en una oferta que no acreditaba el perfil técnico exigido.
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“Estos hechos se originaron por el accionar antijurídico y determinante de ocho funcionarios y servidores públicos, quienes durante la fiscalización posterior y dentro de su ámbito de competencia, validaron formalmente una documentación que carecía de sustento real”, apuntó.
la Contraloría recomendó al titular del Ositran realizar las acciones que permitan efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan, y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se le recomendó iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados en los hechos. (Foto: Contraloría)
Por ello, la Contraloría recomendó al titular del Ositran realizar las acciones que permitan efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan, y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se le recomendó iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados en los hechos.
