El objetivo de este reglamento es desarrollar las disposiciones referidas a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los ámbitos urbano y rural. (Foto: Andina)
El objetivo de este reglamento es desarrollar las disposiciones referidas a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los ámbitos urbano y rural. (Foto: Andina)

El oficializó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley del servicio universal de y .

El objetivo de este reglamento es desarrollar las disposiciones referidas a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los ámbitos urbano y rural; establecer las funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades con competencias reconocidas en materia de prestación de agua y saneamiento; y señalar los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de servicios.

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Además, busca regular las medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de y saneamiento, la política de integración, la regulación económica, la sostenibilidad del ambiente, la gestión del riesgo de desastres, la promoción de la inversión pública y privada, el aseguramiento de la calidad, el acceso a los servicios, la equidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios; así como, incrementar la confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

El reglamento será de cumplimiento obligatorio por los Gobiernos Locales; los Gobiernos Regionales; el ; los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento; los usuarios de dichos servicios; la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass); el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS); y, las entidades de la administración pública con competencias reconocidas por el ordenamiento jurídico en materia de agua potable y saneamiento en el territorio nacional.

Según ha afirmado el Ministerio de Vivienda en diversas oportunidades, con esta ley todos los peruanos accederán a agua potable de calidad a un precio justo y en un plazo máximo de cuatro años, mediante soluciones rápidas y efectivas.

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