Escribe: Valeria Galindo, socia del Área Laboral de EY Perú
El Perú viene experimentando desde hace varios años el ingreso de personas de nacionalidad extranjera, quienes lejos de hacer una visita temporal, han decidido migrar con el objetivo de residir en nuestro país debido a que han encontrado en el Perú condiciones favorables en materia económica y laboral.
De acuerdo a las cifras más recientes, reportadas en el documento “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional 2023”, emitido por el Instituto Nacional de Estadística, el número de extranjeros residentes en el Perú en el año 2023 asciende a 1 millón 354 mil 891 extranjeros, de los cuales 1 millón 161 mil 487 son de nacionalidad venezolana, cifra que en el 2024 y 2025 ha seguido aumentando, pese a que el gobierno peruano implementó el requerimiento del visado consular para ciertas nacionalidades, entre ellos la venezolana, y se eliminaron varias facilidades de migración que años atrás habían sido implementadas por el Gobierno.
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Esta situación sitúa a nuestro país, luego de Colombia, como el segundo en el mundo con mayor migración de personas de nacionalidad venezolana, lo cual nos lleva a pensar en lo relevante que resulta que todas estas personas se encuentren regularizadas migratoriamente.
Hace unos días, varios medios de comunicación informaron una situación de tensión en la frontera de Perú y Chile, que generó el desplazamiento del Ejército al control fronterizo de Tacna y la declaratoria de Estado de Emergencia en esa zona debido a un posible ingreso irregular de extranjeros a nuestro país.
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Eventos como el reciente subrayan la necesidad de actualizar la política migratoria de nuestro país, más aún cuando la normativa más reciente fue desarrollada en el año 2017, mediante Decreto Supremo N° 015-2027-RE, normativa que desarrolló la Política Nacional Migratoria 2017–2025, y que este año llega a su fin. Urge actualizar nuestro marco migratorio capaz de responder a un entorno regional en constante evolución, con procesos ágiles que atiendan las necesidades del mercado, reforzando el uso de la tecnología a través de plataformas amigables que permitan a las personas extranjeras regularizarse de forma rápida y —por qué no—, como ocurre en otras regiones, ofrecer habilitaciones temporales que les permitan trabajar mientras sus procesos están en curso.
La base de esta necesaria actualización de política migratoria debiera ser la de renovar los procesos migratorios, identificar las nuevas necesidades que puede tener la población migrante, y con ello regular las opciones de nuevos visados acorde a esas necesidades. Nuestro país requiere respuestas ágiles que permitan la regularización migratoria de las personas que actualmente viven en el Perú y para aquellos que están pensando en la posibilidad de migrar. Si bien es cierto las capacidades del país parecen haber llegado a su límite para la recepción de más migrantes, no podemos negar que la migración es una realidad, y como país debemos estar preparados.
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Para ello, es urgente una gestión integral que articule Estado y sociedad en lo que deberían ser los cuatro ejes de la política migratoria de nuestro país: i) la identificación del posible volumen de personas con voluntad de migrar a Perú y las alternativas para ellos en el marco legal, ii) el apoyo a los peruanos que se encuentran en el exterior y que necesitan de la respuesta del Estado, iii) dar facilidades a los peruanos que deciden retornar a nuestro país y iv) dar facilidades migratorias a los extranjeros que ya están en el Perú a través de políticas de regularización que los hagan visibles en el mercado laboral y les permita insertarse al mercado formal. No se trata de escoger entre control o protección: se trata de volver ejecutables las decisiones que el Perú ya tomó en 2017 para que la movilidad de peruanos y de extranjeros se realice de manera informada, segura y ordenada.
