Escribe: Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac) y gerente general de INANDES, Grupo Financiero.
Han pasado más de 10 años desde la aprobación de la Ley de Factoring en el Perú. Si bien la industria crece, aún enfrentamos obstáculos que impiden que este mecanismo cumpla su verdadero rol como herramienta de financiamiento accesible, especialmente para las mypes. Siete puntos que debemos atender con urgencia.
Primero, la Sunat y su rol pasivo. La Sunat aún no asume plenamente su papel dentro del ecosistema de factoring. Aunque participa en la validación de facturas, sigue considerando la factura electrónica como algo separado del título valor. Esto genera problemas graves como anulaciones de facturas ya financiadas, demoras con Cavali y confusión en el Poder Judicial.
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Asimismo, hay grandes empresas que no se adecuan a la ley. A pesar de que la ley obliga a los adquirientes a manifestar su disconformidad en un plazo de ocho días, muchas empresas –especialmente grandes corporaciones– siguen imponiendo sus propias reglas, retrasando la emisión de facturas o condicionando a los proveedores. Algunas incluso crean sus propios esquemas de factoring interno, limitando la libertad del proveedor de negociar con quien prefiera.
Ricardo Gallo, presidente de Apefac
Otro asunto es el confirming y la cesión forzada de facturas. El confirming, en sí, es una alternativa válida. Sin embargo, se ha convertido en una herramienta de presión cuando se obliga a los proveedores a trabajar con la entidad financiera que el adquiriente impone. Esta colisión entre el derecho de libre cesión y los contratos marco debe corregirse.
Un tema adicional es el Estado como gran ausente. Aunque representa el mayor volumen de compras en el país, el Estado no ha incorporado el factoring como práctica habitual. Las entidades públicas no reconocen formalmente la cesión de facturas, dejando a sus proveedores sin acceso a financiamiento competitivo. Esto obliga a las mypes a recurrir a créditos caros o incluso informales.
Pese a su relevancia, el Estado no ha incorporado el factoring como práctica habitual. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Por otro lado, existe lentitud del procedimiento ejecutivo. El título valor prometía procesos de cobranza rápidos, pero hoy los trámites judiciales son lentos y engorrosos. Incluso se presentan casos donde intentar cobrar una factura anulada termina en una denuncia penal.
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Otro tema es el DU 013-2020 que encarga a Produce sancionar a quienes obstaculizan el factoring, pero en la práctica no hay un sistema eficiente ni un registro público de infractores.
Finalmente, hay un acceso limitado más allá de las grandes empresas: El factoring se concentra en los principales adquirientes, dejando fuera a muchas operaciones entre mypes por falta de información y cobertura. Iniciativas como el fondo Crecer de Cofide son valiosas, pero todavía insuficientes.
