Fiscales en déficit

INVESTIGACIÓN. Desde hace más de una década, la inseguridad ciudadana y la corrupción son consistentemente dos de los tres principales problemas que más preocupan a los peruanos, según las mediciones de las encuestadoras más conocidas.

Como respuesta, en tiempos recientes varios políticos, burócratas y especialistas en temas de justicia han planteado posibles salidas vinculadas –sobre todo– con temas como el aumento de ciertas penas, el establecimiento de nuevos límites a la posibilidad de que políticos con antecedentes postulen a cargos públicos o la imposibilidad de que algunos delitos prescriban (en esto último retrocedido recientemente: ver editorial del 30/05/2023).

Sin embargo, quizá porque se sabe que están pendientes varias otras reformas importantes (sistema político, pensiones, etc), desde lo propuesto en su momento por una comisión de expertos en el 2018 no hemos vuelto a darle prioridad en la agenda pública a discutir una reforma del sistema de justicia, aspecto sin duda fundamental para lograr cualquier avance contra la inseguridad y la corrupción. Y si hay una institución cuyo trabajo en los últimos años nos ha dejado clara la necesidad de esa reforma, es sin duda el Ministerio Público.

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Solo en las últimas semanas, la Fiscalía ha hecho noticia por iniciar demasiado tarde el trámite para solicitar la extradición de Eliane Karp, por el retroceso a la etapa de investigación en el caso del expresidente Kuczynski y porque en más de un caso les ha importado poco manchar honras de funcionarios contra quienes no había pruebas de actos indebidos (como Alberto Pasco Font y Sergio Bravo), solo para conseguir más tiempo a fin de perseguir a ‘peces grandes’.

Y si retrocedemos a los últimos años, han sido notorios también otros problemas como la distorsión y abuso en el uso de las prisiones preventivas, el ‘figuretismo’ de algunos fiscales que parecen demasiado preocupados por imagen política o la lentitud con la que avanzan varios casos clave para el país.

Según nuestra Constitución, el Ministerio Público es la entidad encargada de perseguir los delitos y conseguir así justicia en la lucha contra el crimen y los políticos corruptos.

Hoy, sin embargo, no se está cumpliendo bien con esta función. Por supuesto, también hay cosas buenas que destacar (como el haber logrado la extradición de Toledo), pero los problemas antes destacados dejan claro que aún no hemos logrado construir un organismo serio y profesional, que atraiga como fiscales a los mejores abogados penalistas del Perú y que les otorgue la independencia y recursos necesarios para cumplir con su trabajo a cabalidad.

La corrupción, los conflictos de interés y la burocracia excesiva siguen estando demasiado presentes en esta institución tan importante. ¿Qué planes existen para lograr una solución?

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