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El Ejecutivo volvió a solicitar facultades legislativas al Congreso, pero en esta ocasión, el pedido cubre más temas de los usuales. El proyecto de ley respectivo contempla desde propuestas para incrementar la recaudación tributaria –como gravar con el IGV a los servicios de streaming y con el ISC a las apuestas y juegos online– hasta mejorar la eficiencia de las empresas públicas vía “supervisión y monitoreo estratégico”, pasando por seguridad ciudadana, formalización “integral” de la pequeña minería, acceso a vivienda y concesión de obras públicas, entre otros. También figura “la intervención estratégica” en el ámbito de influencia del puerto de Chancay.
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Como reza el dicho, “hay de todo, como en botica”, y el Ejecutivo espera que, si el Congreso aprueba el pedido, promulgará los decretos legislativos respectivos dentro de un plazo de 90 días. A menos que los ministerios que tendrán a su cargo lo planteado en el proyecto de ley (MEF, MTC, Minem, MVCS, Mininter, Defensa, etc.) ya tengan avanzadas sus correspondientes normas, dicho plazo parece corto y podría dar lugar a la improvisación. Además, hay que tener en cuenta que las leyes por sí solas no modifican ni mejoran nada si los encargados de ponerlas en práctica no asumen esa responsabilidad.
Por ejemplo, no es la primera vez que se plantea formalizar a la pequeña minería, ni implantar la planificación urbana –se supone que la elaboración de planes de desarrollo urbano ya es obligatoria–. Y las propuestas para mejorar los esquemas de concesiones de obras públicas han pasado por numerosos intentos de perfeccionamiento, pero su ejecución ha seguido siendo demasiado lenta. El principal problema es que no se hace seguimiento de las “reformas” que suelen promover las solicitudes de facultades legislativas, y sin el adecuado monitoreo, el riesgo de convertirse en letra muerta es alto.
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De las medidas planteadas en el reciente pedido, las que tendrían mayor posibilidad de ser aprobadas y puestas en marcha son las tributarias. Desde que asumió el MEF, hace casi tres meses, José Arista ha puesto la mira en combatir la evasión y la elusión, y en elevar la recaudación incorporando actividades que actualmente no pagan impuestos. El reto de implementar esas medidas recaerá en el nuevo jefe de la Sunat –tendrá que sacar a la entidad del letargo en el que ha estado sumida–.
¿Aprobará el Congreso el pedido de facultades? Si el Ejecutivo ha accedido a los retiros de fondos de las AFP y de los depósitos CTS, quizás algunos legisladores consideren que hay que dar algo a cambio.
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