La mala norma

No hay solución por decreto ni país que lo resista. El efecto contraproducente o nulo de normas impuestas a todos los sectores e industrias –quizás bienintencionadas, pero con un inadecuado o inexistente análisis de su impacto económico y regulatorio– es el statu quo de la legislación y la regulación en el Perú.

Hoy el Congreso quiere otorgar pensiones “proporcionales” a los asegurados del sistema nacional, crear un canon hídrico para la inversión en desarrollo agrario y un régimen de sanciones administrativas para las mypes en sus contrataciones con el Estado, y regular las apuestas deportivas y establecer para ellas un “impuesto especial”. Estas y otras iniciativas legislativas ya aprobadas por la Comisión de Economía –un total de 18– tienen un “deficiente” análisis de calidad regulatoria, según el Consejo Privado de Competitividad, como reveló Gestión el jueves pasado.

Una broma de mal gusto recurrente es el análisis costo-beneficio de la mayoría de este tipo de proyectos, que copia y pega la letanía que dice que “no generará costo y/o gasto al erario nacional”, incluso en casos en los que es evidente lo contrario. Hace bien, por ello, el congresista Alejandro Cavero en insistir en la creación de una Oficina de Estudios Económicos.

En un futuro soñado, no habría dictamen posible sin la opinión de dicha oficina, lo que promovería un mejor debate público de las propuestas, aun cuando su carácter no sea vinculante.

La solución por decreto no es exclusiva del Congreso. Ejemplos sobran. Todos los años –para citar un caso– los importadores de productos para diabéticos y celiacos ruegan la prórroga del etiquetado de los octógonos con stickers, pues es imposible que demanden a los productores extranjeros que los impriman en los empaques de sus pequeños pedidos.

Antes de la pandemia –para citar otro caso– se extendió el sueño regulatorio del taxista de app con planilla y derechos laborales.

La propuesta desconocía la naturaleza de intermediario de un mercado digital que, en el Perú, logró con innovación lo que la informalidad impidió por décadas: un servicio de taxi con clientes informados sobre el conductor y su récord de calificación, y la posibilidad de compartir con seguridad el recorrido en tiempo real de sus viajes. Y dejaba fuera a un gran número de conductores que obtenía ingresos adicionales a sus salarios en sus horas libres y no quería ser un taxista ‘oficial’.

Confluyen aquí el populismo, el no entendimiento de los nuevos negocios, la falta de diálogo entre los actores públicos y privados, el paternalismo, la ignorancia sobre la realidad nacional y la incapacidad de encontrar soluciones reales a los problemas de los usuarios, consumidores y ciudadanos. Para su beneficio, está claro, no se legisla ni regula en el Perú.