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Las organizaciones delictivas que operan minas de oro en el sur de Venezuela han mutilado a mineros acusados de robo, extorsionado a propietarios de negocios y obligado a niños a trabajar sin equipo de seguridad mientras afianzan su control en una región rica en minerales, señaló Human Rights Watch.
La organización entrevistó a más de 30 mineros, periodistas y expertos locales, quienes dijeron que las autoridades de Venezuela están haciendo caso omiso a los abusos y que en ocasiones colaboran con los grupos delictivos y rebeldes colombianos que controlan las minas en el estado de Bolívar.
“Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación”, señala el reporte.
El gobierno socialista de Venezuela depende cada vez más del oro extraído del estado de Bolívar para cubrir sus gastos y sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre su industria petrolera.
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el gobierno de Venezuela compró más de 17 toneladas de oro a mineros artesanales entre el 2016 y 2018. Una parte de eso fue vendida recientemente a los Emiratos Árabes Unidos y a Turquía, que se ha convertido en uno de los principales proveedores de alimentos del gobierno venezolano.
Human Rights Watch dijo que no ha podido rastrear a las compañías que están comprando el oro extraído de las minas ilegales en el país.
El grupo pidió a las empresas de oro que hacen negocios con Venezuela que estén “alertas” sobre el lugar de origen de sus compras.
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país, se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”, añadió.
El reporte incluye entrevistas con varios mineros que dijeron que han visto a miembros de grupos criminales torturar a trabajadores acusados de robo y que incluso les cortaron las manos en público con hachas y machetes.
Uno de los testigos, que habló con Human Rights Watch bajo la condición de que su nombre no fuera publicado, también dijo que una mujer que robó 10 gramos de oro en una de las minas fue atada a un árbol y decapitada con una sierra eléctrica.
Human Rights Watch también señaló que algunas de las minas en Bolívar están controladas por grupos de rebeldes colombianos que operan en Venezuela, incluido el Ejército de Liberación Nacional que cuenta con cerca de 3,000 miembros y sigue luchando para derrocar al gobierno de Colombia. El año pasado, el grupo bombardeó una academia de policía en Bogotá, provocando la muerte de 21 personas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho que trata de promover la minería legal en la región y en el 2016 implementó un plan para atraer la inversión extranjera a las minas de oro de la nación. Actualmente, empresas de China y Rusia tienen sociedades conjuntas con compañías estatales en la región.
El gobierno venezolano también lanzó un plan para frenar la minería ilegal en el 2018, y las autoridades han emitido órdenes de arresto contra 39 personas que supuestamente están involucradas en la venta ilegal de oro en el extranjero.