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Colombia respetará los 330 contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, anunció el jueves la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al enviar un mensaje de tranquilidad sobre la estabilidad jurídica y de operación con la que cuentan las empresas del sector.
La funcionaria dijo que el país actualmente cuenta con más de 147 contratos en fase de explotación que producen alrededor de 750,000 barriles de petróleo día y 1,100 millones de pies cúbicos diarios.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien asumió en agosto como el primer mandatario de izquierda en la historia del país, prometió en la campaña iniciar un proceso de transición hacia energías limpias que contempla la reducción del petróleo y el carbón.
Sin embargo, el mandatario dijo el jueves que los contratos de explotación y exploración petrolera, carbonera y de gas continúan normalmente y que “no hay ninguna prohibición”.
Vélez dijo que los contratos de explotación y los más de 200 con áreas de exploración tendrán las garantías para su continuidad y ejecución.
La ministra reveló que en actualmente hay 207 contratos suscritos con áreas en exploración, de los cuales 117 se encuentran en ejecución, es decir cerca del 56% de los mismos.
“Queremos reactivar los restantes para poder contar con estos recursos y aprovecharlos correctamente”, aseguró.
Vélez aseguró que, desde el 7 de agosto del 2022 hasta la fecha, se ha mantenido una tendencia al alza en la producción diaria de crudo, alcanzando hasta 779,000 barriles por día.
Colombia cuenta con unas reservas probadas para 7,6 y 8 años de consumo de petróleo y gas, respectivamente. El petróleo y el carbón son los productos que mayores ingresos generan a la cuarta economía de América Latina por exportaciones, impuestos y regalías.
Sin embargo, las empresas petroleras y de minería han expresado su preocupación por un proyecto de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso y que busca aumentar los impuestos a esos sectores claves de la economía.
La reforma tributaria que se discute en el Congreso, en donde Petro consolidó una mayoría con el apoyo de partidos de izquierda, de centro e incluso de derecha, busca conseguir unos US$ 4,569 millones anuales adicionales para financiar un mayor gasto social con el que el mandatario pretende reducir la pobreza y la inequidad en el país de 50 millones de habitantes.
La ministra de Minas y Energía recordó que el compromiso del Gobierno es realizar unas transformaciones de fondo sin poner en riesgo la soberanía energética, en la práctica de “una política macroeconómica responsable”, como lo dijo previamente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
