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Un fiscal pidió este lunes agravar la pena a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un juicio por corrupción, por el que la también exvicepresidenta ya había sido condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para cargo público.
Durante la primera audiencia para revisar la condena que pesa sobre Fernández, que ella apeló, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió agregar una pena como jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobiernos de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de prisión.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a 6 años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita.
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Para Villar, la pena de primera instancia “no refleja la gravedad del hecho, no es conforme al principio de culpabilidad e incentiva a los funcionarios a cometer delitos”.
En esta causa denominada ‘Vialidad’, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Villar también pidió que se condene como “organizadores” de la asociación ilícita a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y a Báez.
El fiscal solicitó que se condene por el delito de “administración fraudulenta” a De Vido; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina; y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
El tribunal de primera instancia había absuelto a De Vido, Fatala y Garro.
Villar agregó que se determine la pena a Carlos Kirchner, primo del expresidente y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, del que había sido sobreseído en primera instancia por considerar que ese delito había prescrito.
El fiscal pidió, además, que se confirme la sentencia condenatoria a los demás imputados en calidad de autores y partícipes de la administración fraudulenta agravada y el decomiso de los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (unos US$ 1,000 millones de la fecha).
Fernández, de 70 años, perdió sus fueros el pasado 10 de diciembre, con su salida del Ejecutivo de Alberto Fernández (2019-2023) y solo puede ser detenida si la Cámara de Casación Penal y luego la Corte Suprema ratifican las condenas. No obstante, por su edad, podría sufrir detención domiciliaria.
Mientras, ella asegura ser blanco de un hostigamiento judicial y político atándose a la figura de ‘lawfare’ (guerra legal).
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