:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/UFCXGXXPZ5GGBPB7LHGCEZACAI.jpg)
Las telenovelas deben seguir al aire por mucho tiempo y, por lo tanto, nunca llegar a una conclusión satisfactoria. Este es el caso del episodio más reciente de la prolongada telenovela situada en Washington —su drama por el límite de la deuda aproximadamente bienal— que poco a poco se dirige a una conclusión que se espera breve.
Tras amenazar al mundo con el incumplimiento de su deuda soberana y un desastre financiero a fin de conseguir sus objetivos, los republicanos del congreso obtuvieron concesiones moderadas del presidente Joe Biden y convinieron en que estados unidos debía cumplir con sus obligaciones, después de todo.
Ambos bandos llegaron a un acuerdo para elevar el tope de deuda del gobierno, lo que le permitirá seguir tomando dinero en préstamo… y evitar el apocalipsis, al menos por los siguientes 18 meses. Los líderes republicanos se han referido al acuerdo, conocido como Ley de Responsabilidad Fiscal, como una victoria histórica de la prudencia presupuestaria. En realidad, no aborda las principales fuentes de irresponsabilidad económica de Estados Unidos.
El drama no termina todavía. El 31 de mayo, el acuerdo superó el obstáculo más complicado cuando la Cámara de Representantes aprobó por un margen de 314 a 117. Ahora pasa al Senado, que debe aprobar el proyecto para el 5 de junio, o el Departamento del Tesoro ha advertido que podría quedarse sin efectivo. Unos cuantos senadores conservadores han amenazado con retrasos de procedimiento, pero, a fin de cuentas, parece que no habrá problemas para que se apruebe.
Tanto Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, han compartido opiniones firmes a favor del acuerdo. En la Cámara de Representantes, el respaldo fue igual de bipartidista que la mayoría de las cosas en estas épocas en Washington, con apoyo de dos terceras partes de los republicanos y cuatro quintas partes de los demócratas.
La síntesis para titulares del acuerdo parece impresionante. La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, por su sigla en inglés), una agencia de análisis neutral, calcula que reducirá el gasto en unos 1.3 billones en la siguiente década. Cuando los recortes se miden en billones y no en miles de millones, por definición son grandes. El problema es que el gasto federal se ubica en las decenas de billones: la CBO espera desembolsos por unos 80 billones de dólares en la siguiente década. Es más, sus cálculos para la deuda asociada con el acuerdo son demasiado optimistas.
Convenios independientes entre la Casa Blanca y Kevin McCarthy, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, harán menos notorias las reducciones. Donald Schneider, experto en presupuestos, opina que con solo aplicar una contabilidad creativa podrían eliminarse más de 90.000 millones de dólares de los recortes. Además, un punto crucial es que los topes al gasto solo son exigibles en 2024 y 2025.
Por lo tanto, parece que el impacto económico total del acuerdo tendrá efectos insignificantes. Michael Feroli, del banco J.P. Morgan, calcula que reducirá el gasto federal aproximadamente un 0.2% del PBI el próximo año con respecto al punto de referencia anterior de la CBO. Es mucho menos que la reducción del 0.7% en 2011 tras una situación de estancamiento en torno al tope de la deuda durante la presidencia de Barack Obama.
La buena noticia para el presidente Biden es que es probable que las desventajas de los recortes apenas se distingan. Mark Zandi, de Moody’s Analytics, subsidiaria de la calificadora de crédito, considera que este freno podría impulsar al alza la tasa de desempleo solo 0.1 puntos porcentuales el año próximo. El corolario menos positivo es que los recortes al gasto harán poco para domar la elevada inflación.
Un acuerdo débil es infinitamente preferible a que no haya acuerdo, pues podría haber provocado una crisis en los mercados globales. Sin embargo, el contraste entre el juego de alto riesgo de la gallina del tope de la deuda y su mísera resolución es incongruente. La ruta económica de Estados Unidos no deja de ser preocupante. El 26 de mayo, el Fondo Monetario Internacional fue el último en sonar la alarma sobre las finanzas del país. La deuda federal que tienen inversionistas en casa y en el extranjero alcanzó alrededor del 93 por ciento del PBI, casi el triple del nivel que tenía en la víspera de la crisis financiera global de 2007-2009. Para finales de esta década, se prevé que el gobierno estadounidense gaste más anualmente en pagos de intereses que en defensa nacional.
Dos partes del presupuesto de Estados Unidos son los más cruciales para evitar sus problemas económicos. La primera es el gasto por derechos a subsidios, en especial las pensiones del Estado y el seguro médico para la gente mayor. Estos ya representan casi dos tercios de lis gastos federales y se espera que aumenten a medida que envejezca la población. La otra son los ingresos fiscales, concepto por el cual el gobierno estadounidense recibe muchísimo menos como proporción del PBI que la mayoría de los países de ingresos altos.
Sin embargo, estos dos elementos estuvieron ausentes por completo de las negociaciones del tope de deuda: A los demócratas les preocupan las consecuencias electorales de aumentar los impuestos, mientras que los republicanos temen represalias por intentar reducir el gasto por subsidios. Como ambos partidos están de acuerdo en aumentar el presupuesto para defensa, los recortes al gasto se centrarán por completo en programas “discrecionales distintos de gastos de defensa”, que representan solo alrededor del 15 por ciento del presupuesto. Los recortes, que todavía no se aplican, afectarán a parques nacionales, escuelas y servicios de salud, entre otros.
Quizá la debacle todavía traiga algo positivo. McCarthy expresó la necesidad de una comisión para encontrar la manera de arreglar las finanzas del país, una idea que ha provocado carcajadas. Brian Riedl, del grupo de investigación conservador Manhattan Institute en Nueva York, tiene una actitud más moderada. “Las comisiones pueden ser útiles si ambos partidos de verdad desean llegar a un resultado y no solo cumplir con un requisito”, opinó. Entre tanto, Biden ha dado a entender que podría lanzar un desafío legal, que desde hace mucho desean los demócratas progresistas, para verificar la constitucionalidad del tope de la deuda.
Un soñador podría imaginar un futuro en el que ambos esfuerzos se combinen: la comisión económica llevaría a reformas presupuestales serias, mientras que un caso legal con un resultado positivo liberaría a Estados Unidos de la locura metronómica del tope de la deuda. No obstante, las difíciles realidades políticas pronto intervendrían en el ensueño. El nuevo acuerdo para elevar el límite de lo que Estados Unidos puede pedir prestado será válido hasta principios de 2025, momento en que de seguro comenzará el siguiente episodio del drama del tope de la deuda.