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Un importador de madera de Estados Unidos, Global Plywood and Lumber Trading LLC, se declaró culpable de importar madera ilegal de Perú en violación de la Ley Lacey de Estados Unidos, que prohíbe el comercio de productos de madera ilegales en el país norteamericano.
Una investigación de seis años realizada en Estados Unidos por Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Justicia, demostró que al menos el 92% de la madera de Global Plywood en dicho envío había sido talada ilegalmente en la selva amazónica, informó la Environmental Investigation Agency (EIA) de ese país.
Según un memorando presentado por el demandado ante el Tribunal del Distrito de Columbia, la madera tenía un valor de importación declarado de US$ 613,182.03 y fue destruida a expensas de Global Plywood, lo que llevó a la disolución de la empresa como ya no viable.
La madera en cuestión llegó a Houston desde la región amazónica de Loreto en Perú en el barco Yacu Kallpa en setiembre del 2015, pero fue detenida por las autoridades estadounidenses tras una alerta del Gobierno peruano de que gran parte del envío podría ser de origen ilegal.
Una investigación posterior encontró que la mayor parte de la madera comprada por Global Plywood había sido talada ilegalmente en Perú. Según el comunicado del Departamento de Justicia, “la corporación admitió que no actuó con el debido cuidado cuando importó madera de origen ilegal de la Amazonía peruana a Estados Unidos. El tribunal condenó a Global Plywood a pagar US$ 200,000 en restitución al Ministerio del Ambiente de Perú y una multa de US$ 5,000″.
El envío bajo investigación también transportaba madera a Estados Unidos para otras empresas, incluidas Sabra International INC, Sun Core LTD, Tropical Mouldings LLC y Gray Forestal SA DE CV. Si bien la información oficial del Gobierno peruano revela que más del 98% de la madera importada por estas otras empresas a través de este mismo envío fue de origen ilegal, aún no se cuenta con información sobre la situación legal o posibles sanciones recibidas por estas otras empresas debido a procesos judiciales en Estados Unidos.
Los exportadores peruanos que suministraron la madera ilegal para Global Plywood fueron Inversiones La Oroza SRL e Inversiones WCA EIRL, las cuales han sido prohibidas de importar a Estados Unidos desde el 2017 y 2019 respectivamente por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. debido a su participación en el comercio ilegal de madera.
Otros exportadores peruanos incluidos en este envío son Maderas de la Selva Peruana SAC, Industrial Maderera Zapote SA, Corporación Industrial Forestal SAC y Sico Madera SAC. Como informó la EIA en el 2018, la mayoría de la madera de cada uno de los exportadores en este envío tenía un origen ilegal verificado por la autoridad peruana correspondiente. La investigación del caso Yacu Kallpa aún está en curso en Perú.
Lisa Handy, directora de Campañas Forestales de EIA, dijo: “Debe haber consecuencias reales para disuadir a quienes se benefician de la destrucción de los bosques. Este caso demuestra una vez más que la aplicación de la ley contra la tala ilegal y el comercio asociado es necesaria en toda la cadena de suministro -en ambos países, de origen y de destino- con el fin de cerrar los mercados de madera robada”.
En el transcurso de la pandemia de coronavirus, al menos diez defensores ambientales de la Amazonía peruana han sido asesinados por mafias de tala ilegal y acaparamiento de tierras, ocho de las víctimas eran defensores ambientales indígenas.
Un nuevo informe de Global Witness documentó 227 ataques mortales contra defensores de la tierra en todo el mundo durante el año pasado, haciendo del 2020 “el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, tierras y medios de vida, y ecosistemas vitales para la biodiversidad y el clima”. El informe nombra a la tala como el sector vinculado a la mayoría de los asesinatos.
Julia Urrunaga, directora de EIA en Perú, agregó que “las empresas que no verifican el origen legal de la madera que importan a Estados Unidos no solo violan la Ley Lacey, sino que también corren el riesgo de ser cómplices de asesinatos y otros daños en los bosques de la Amazonía y en todo el mundo, convirtiendo a los consumidores estadounidenses en financistas involuntarios de los delitos forestales”.
